domingo, 25 de septiembre de 2016

FALLO DE LA CAMARA DE APELACIONES SOBRE DILIGENCIA PRELIMINAR

REGISTRADA BAJO EL Nº 270 (S) Fº1370/1373 Expte.N°159.952 Juzgado Civil y Comercial N°9.- En la ciudad de Mar del Plata, a los .15.. días del mes de diciembre de 2015, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “GONZALEZ, ELSA LUJÁN c/ RAMONDO MARÍA ISABEL s/ DILIGENCIAS PRELIMINARES” - EXPTE.N°159.952 habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Rubén D. Gérez y Nélida I. Zampini. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1°) ¿Corresponde admitir el recurso de apelación interpuesto a fs. 34 contra la resolución de fs. 33? 2°) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RUBEN D. GEREZ DIJO: I. Antecedentes: A fs. 30/2 se presenta la Sra. Elsa Luján González, con el patrocinio letrado del Dr. Juan Manuel Baya Casal, solicitando diligencias preliminares a los fines de iniciar oportunamente demanda de nulidad de asamblea. Afirma ser propietaria de la unidad funcional N°38 del Consorcio Avenida Mitre 970 de Miramar y que ante distintos inconvenientes suscitados por valores de expensas, asambleas realizadas en extraña jurisdicción, notificaciones nunca enviadas, intimó por carta documento a la administradora Ramondo, quien la contestara negando los hechos denunciados. Mediante otra carta documento afirma haber reclamado copia del Reglamento de Copropiedad y de las actas de las asambleas celebradas desde la constitución del Consorcio; la que no fuera receptada por la administradora ni retirada de la oficina del correo. II. La resolución recurrida: A fs. 33 el sentenciante de grado decidió rechazar “in-limine” la acción. Para así hacerlo, señaló, con relación al Reglamento de Copropiedad, que al momento de escriturar debió exigir su entrega, por lo que debía arbitrar los medios necesarios a dicho fin y no reclamarlo por vía judicial. En torno al resultado de las actas de las asambleas llevadas a cabo en el Consorcio, no advirtió motivo fundado para obtenerlas de manera previa al inicio del proceso que pretende articular, cuando se trata de una medida de prueba que bien puede efectivizarse en el momento procesal oportuno. III. Apelación del accionante: A fs. 34 interpone la consorcista recurso de apelación contra el referido pronunciamiento, el cual es concedido en relación a fs. 35, siendo fundado a fs. 36/8. Sostiene que para analizar la validez o nulidad de las asambleas y el cumplimiento de los recaudos reglamentarios le resulta imprescindible contar con los instrumentos pretendidos. La conducta evasiva del administrador, dice, le permite mantenerse en el tiempo y hacer un pingue negocio. Afirma que la negativa del juez le impide hacer valer sus derechos ante la justicia . Explica que la carta documento enviada constituye el medio necesario que el a-quo exige; y que el razonamiento del magistrado carece de sentido y lo mantiene preso del abuso del administrador, violándose sus derechos constitucionales de propiedad y defensa en juicio. IV. Tratamiento de los agravios: 1) El perfil de las diligencias preliminares exhibe como su principal finalidad a satisfacer -con anterioridad a la estructuración del proceso y con el objeto de procurar a quien ha de ser parte en un juicio de cognición, información, circunstancias (conducentes) o hechos necesarios o suficientes para elaborar la demanda- identificar con rigor el objeto de la pretensión y entrar al ruedo del litigio con elementos que sólo pueden obtener merced a la actividad jurisdiccional (Morello Augusto “La eficacia del proceso”, pág. 294). Si bien es cierto que la normativa contenida en el artículo 323 del C.P.C. no reviste carácter taxativo, también lo es que las diligencias preliminares en ella contemplada no deben ser admitidas más allá de lo necesario, imponiéndose que la petición demuestre la imprescindibilidad de que aquéllas sean decretadas. El pedido debe responder, entonces, a una necesidad real e insoslayable; y quien la pide debe exponer con claridad no sólo el objeto que ha de perseguir en el futuro juicio, sino que también debe demostrar la necesidad que ella se concrete en pos de la definición de los elementos constitutivos de la pretensión a encauzarse (arg. jurisp. CSJN 14/10/97 “Ramírez Lois Justo c/ SADE S.A. “ R-1229-XXXII; Morello ob. Cit. pág. 296). Ha resuelto esta Excma. Cámara de Apelación que: "Las diligencias o medidas preliminares engloban dos categorías procesales que tiene en común la circunstancia de ser previas a la demanda, pero difieren en cuanto a su objeto; por un lado, las medidas preparatorias del juicio a promover -art. 323 CPC- y por otro la producción anticipada de prueba -art. 326 Cód. Cit.-; por las primeras se pretende obtener algún dato indispensable para el correcto planteamiento de la demanda; y por las otras el aseguramiento de ciertos elementos probatorios cuya producción en la etapa legal pertinente pudiere resultar dificultosa o imposible" (jurisp. esta Sala, causa n° 145204, RSI-25-10 del 16/02/2010; Sala I, causa nº 123399, RSI-513-3, del 29/04/2003; Sala II, causa nº 114480, RSI-993-00, del 10/10/2000; entre otras). Insisto, las mismas son previas a la promoción de la demanda, tienen la función de procurar a quien será parte -ya sea actor o demandado- el conocimiento de hechos indispensables para que el proceso quede regularmente constituido, información que no podrá ser obtenida sin la ayuda de la justicia. No hay que perder de vista que es el litigante quien tiene que procurar obtener toda la información necesaria en forma extrajudicial y que sólo necesitará de las medidas preparatorias en caso de imposibilidad de acceder a ello. Únicamente cuando su conocimiento no pueda ser adquirido por otros medios tiene la posibilidad de ocurrir por la vía judicial (conf. Morello..., "Códigos ...." T. IV-A, pág. 432; Arazi, Roland, "Derecho Procesal Civil y Comercial", Ed. Astrea, 2º edición, año 1995, pág. 561). Aplicando los principios precedentes al caso bajo examen, interpreto que la resolución atacada debe confirmarse parcialmente, aunque por una razón distinta a la expuesta por la juez de grado. Explicaré porqué. La peticionante ya ha anticipado en el escrito en el que solicitó la diligencia preliminar, que su intención es contar con una copia del reglamento de copropiedad y de las actas celebradas por el consorcio desde su constitución, pues sólo de eso modo podría evaluar si dichos actos se han celebrado con sujeción a las normas y mayorías estatutarias. En otras palabras, afirma que necesita ese dato como condición ineludible para poder promover la acción de nulidad que, hasta el momento, habría decidido articular. Encuadrado así el planteo, debe catalogarse como una diligencia preliminar propiamente dicha, y por tal razón le es aplicable lo dispuesto en el art. 323 del CPC. Ese marco normativo, en parte, a mi modo de ver, habilita el rechazo efectuado en la instancia de origen, en lo restante debió acogerse. Efectivamente, la exigencia de entrega judicial de una copia del reglamento de copropiedad, no constituye el único modo posible de hacerse del citado instrumento, y, por tal razón la diligencia requerida no reviste el recaudo más arriba descripto, esto es, la imposibilidad de obtener el dato de otro modo. Concretamente, y tal como lo señaló la Juez de grado, de la propia documentación acompañada con el escrito de demanda (ver copia certificada de la escritura obrante a fs.16/22), surge que conoce, acepta y se adhiere al Reglamento de Copropiedad y Administración, por lo que –se supone- debía conservar una copia en su poder. Y si no fuera así, por su condición de “escritura pública”, la copia pueden expedirse por el escribano que protocolizó aquél acto. Es decir, existe un camino que habilita a la interesada a munirse del instrumento aludido, sin necesidad de poner en marcha el Servicio Jurisdiccional del Estado, al que se puede ocurrir, únicamente, para exigir la prestación de tutela efectiva, más no para obtener datos o documentos que bien pueden conseguirse (previa pago de impuesto y/u honorarios, si correspondiere) por vía extrajudicial. Por otro lado, y también respecto al Reglamento de Copropiedad, cabe añadir que si bien es de toda lógica que exista una copia en poder del órgano de administración, no constituye ese ninguno de los instrumentos que necesariamente deben estar en manos de él a disposición de los copropietarios. Esto implica que, el requerimiento se estaría formulando respecto a un sujeto que no tiene la obligación legal de exhibición. Distinta es la solución respecto a las actas de Asamblea celebrada por el Consorcio de Copropietarios. Esos instrumentos, que plasman las decisiones adoptadas en el marco de asambleas ordinarias o extraordinarias, se encuentran obligatoriamente en manos del Administrador, tal como lo prescribe el art. 2067 inc.i) del CCyCom. Y el único modo de obtener una copia de ellas es que el administrador lo habilite. Respecto a esas actas, no hay dudas que (salvo el supuesto de que el administrador haya remitido copias a los consorcistas, situación que, en apariencia, no habría ocurrido en este caso -ver respuesta por CD que efectuó el administrador agregada a fs.23- dicho órgano consorcial tiene la obligación de exhibirlas a cada uno de los consorcistas que así lo requieran como diligencia “preliminar”. El art. 323 del CPC, dispone al respecto: “El proceso de conocimiento podría prepararse pidiendo el que pretenda demandar, o quien con fundamento prevea que podrá ser demandado, …5) que el socio o comunero o quien tenga en su poder los documentos de la sociedad o comunidad, los presente o exhiba…”. Entiendo que el mentado precepto resulta aplicable cuando, como en el presente caso, es uno de los copropietarios quien acciona frente al administrador del Consorcio. Y en este sentido, la jurisprudencia ha resuelto que: “…el régimen de propiedad horizontal crea entre los consorcistas un régimen especial de comunidad con miras al beneficio común, en cuya esencia está la imposición a los miembros que lo integran tanto de ciertas restricciones y límites al dominio, como de determinadas cargas cuyo acatamiento es condición necesaria para asegurar el buen funcionamiento del sistema. En idéntico sentido, debe aceptarse la facultad que asiste a uno de sus miembros de tener acceso a la documentación que registra el desenvolvimiento de dicha comunidad en los términos del art. 323, inc. 5°, del Cód. Procesal ("Fontana, Alberto c. Consorcio de Propietarios Reconquista 671/75", del 2/11/93; en LA LEY, 1994-D, 452/453)” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala I, “Camplani, María L. c. Consorcio de Prop. Honorio Pueyrredón” 1141/43/45 • 04/12/2003, Publicado en: DJ 2004-2 , 188 • IMP 2004-B , 3005, AR/JUR/5270/2003). En definitiva, propongo revocar parcialmente la resolución de primera instancia, haciendo lugar al recurso de apelación en cuanto al pedido de copias de las actas de asambleas del consorcio del que forma parte la accionante, debiendo el a quo disponer la exhibición en el Juzgado para su análisis por la solicitante (con extracción de las copias que se consideren necesarias) o directamente, la presentación de copias en el plazo que la magistrada determine. 2) Cabe recordar que el decreto reglamentario de la derogada ley 13.512 disponía en su art. 5 que “…Todo propietario podrá imponerse del contenido del libro y hacerse expedir copia de las actas, la que será certificada por el representante de los propietarios o por las personas que éstos designen. Las actas podrán ser protocolizadas” (art.3 inc.a de la ley 26.994). Y también, obiter dictum, y sin perjuicio del análisis que corresponde hacer sobre su eficacia temporal, que el art. 2060 del CCyCom establece un plazo de caducidad de treinta (30) días para la acción judicial de nulidad de la asamblea, contados desde la fecha de la asamblea (art. 7 del mismo código). Por todo lo expuesto, VOTO POR LA AFIRMATIVA. A la misma cuestión la Sra. Juez Dra. Nélida I. Zampini votó en igual sentido y por los mismos fundamentos. A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RUBEN D. GEREZ DIJO: Corresponde: 1°) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la accionante a fs. 34 y, en consecuencia, ordenar la diligencia preliminar pretendida con relación a las actas del consorcio; 2°) No imponer costas ante la ausencia de controversia (art. 68 del CPC). ASI LO VOTO. A la misma cuestión la Sra. Juez Dra. Nélida I. Zampini votó en igual sentido y por los mismos fundamentos. En consecuencia, se dicta la siguiente S E N T E N C I A: Por los fundamentos brindados en el presente acuerdo: 1°) Se hace lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la accionante a fs. 34 y, en consecuencia, se ordena la diligencia preliminar pretendida con relación a las actas del consorcio; 2°) Sin imposición de costas ante la ausencia de controversia (art. 68 del CPC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE O POR CEDULA (art. 135 inc.12 del CPC).- NELIDA ISABEL ZAMPINI RUBEN DANIEL GEREZ Marcelo M. Larralde Auxiliar Letrado

MODELO CONTESTACION DE DEMANDA CON OPOSICION DE EXCEPCIONES

CONTESTA DEMANDA - OPONE EXCEPCIONES DE FALTA DE PERSONERIA Y LEGITIMACION PASIVA MANIFIESTA COMO DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO - FORMULA ADHESION.- Señor Juez: JAIME PERALTA RAMOS, abogado inscripto al Tomo I, Folio 45 de la matrícula del C.A.M.D.P., Legajo Previsional ..., CUIT 20-...., monotributista, constituyendo domicilio legal en calle ....de esta ciudad, por María Elsa ORSATTI de TROIANO, en el expediente caratulado “...” a V.S respetuosamente me presento y digo: I.-PERSONERIA.- Conforme lo acredito con el testimonio de poder especial que adjunto, por escritura pública nº 396 de fecha 29/10/2015 he sido apoderado por María Elsa ORSATTI DE TROIANO, con domicilio real sito en calle Olazábal nº 2870 de esta ciudad (art. 47 CPCC).- II.-OBJETO.- En el aludido carácter le doy responde, en debido tiempo y forma, a la citación que en los términos previstos por el artículo 89 del CPCC fue ordenada de oficio en el proveído de fs. 45 y que se materializó el pasado 16/10/2015; al tiempo que al progreso de la demanda de la cual se me ha conferido traslado opongo, con carácter de previo y especial pronunciamiento, las excepciones de falta de personería y de legitimación pasiva manifiesta (arts. 337, 345 incs.2 º y 3 º, 354 y 484 del CPCC).- Pido costas (art. 68 CPCC).- III.-EXCEPCION DE FALTA DE PERSONERIA.- A tal punto lo dicho hasta aquí se ajusta a las normas jurídicas aplicables, que, a poco que se examina la carta poder que la actora le confiriera al colega Juan Manuel FERNANDEZ, esta únicamente lo faculta para que "inicie y prosiga hasta su total terminación, juicio contra SAN CRISTOBAL SMSG (…) por infracción a la Ley 24.240(texto según Ley 26.361) de Defensa al consumidor".- Carece en cambio de facultades para demandar a mi mandante y/o a los señalados protagonistas o responsables (dueño y/o guardián) del accidente de tránsito que se denuncia como ocurrido el día del cual, dicho sea de paso, mi mandante fue un tercero por completo ajeno.- El curial tenía y tiene un poder para el acotado cometido de promover la demanda que promovió: una demanda contra SAN CRISTOBAL SMSG para hacer efectiva su alegada responsabilidad por el "daño directo" que el tercero "expuesto" afirma haber experimentado.- Al margen de la viabilidad de dicha pretensión, el poder que posee solo lo faculta para su inicio, prosecución y terminación.- No lo faculta para iniciar una demanda por indemnización de daños y perjuicios derivados de delitos y/o cuasidelitos.- Y, por otra parte, a la fecha en que dicho mandato fue otorgado y ejercido (22/11/2013) el artículo 1884 del Código Civil establecía que "el mandato especial para cierto actos de una naturaleza determinada, debe limitarse a los actos para los cuales ha sido dado, y no puede extenderse a otros actos análogos, aunque éstos pudieran considerarse como consecuencia natural de los que el mandante ha encargado hacer".- En igual sentido artículo 375 del actual CCyCN (Ley 26.994) también establece que "las facultades conferidas en el poder son de interpretación restrictiva".- De manera que no caben dudas que el colega Juan Ignacio MARCEILLAC carece de personería para enarbolar una pretensión contra mi mandante así como para llevarla adelante a partir de la "integración de la litis" dispuesta a fs. 45, que, como dije, resulta extraña al concreto objeto procesal.- Ello así deberá hacerse lugar a la excepción planteada e intimar al apoderado a subsanar el defecto bajo el apercibimiento contenido en el artículo 352 del CPCC.- IV.-EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACION PASIVA MANIFIESTA.- Sin perjuicio de lo cual y tal como se encuentra estructurada y enderezada la pretensión opongo además al progreso de la demanda la excepción de falta de legitimación pasiva que, por ser manifiesta, deberá ser resuelta como de previo y especial pronunciamiento (art. 345 inc. 3 º del CPCC).- Está claro que, a socaire de la extraña y problemática figura del "bystandar" o también denominado "tercero expuesto" a una relación de consumo, la actora entabló una acción directa autónoma exclusivamente contra la aseguradora de quien en el escrito de demanda (capítulo III) se señala como el "otro" protagonista de un accidente de tránsito ocurrido en Mar del Plata el día 2/02/2013, a la postre propietario y/o conductor del vehículo marca NISSAN TERRANO 2.7, TDI dominio DUV-214.- El resultado práctico buscado es uno y bien claro: hacer efectiva una quimérica responsabilidad patrimonial del asegurador fundada en una alegada pero nunca precisada infracción a la Ley 24.240, con plena autonomía y explícita exclusión de la responsabilidad civil que les pudiera caber al dueño y/o guardián de la camioneta NISSAN TERRANO 2.7, TDI dominio DUV-214 (a quienes no se ha demandado) o de quien, como mi mandante, reviste el carácter de titular de la póliza (asegurado) que cubría el riesgo de responsabilidad civil por daños causados con aquella.- En la medida que la demanda no persigue hacer efectiva la responsabilidad civil extracontractual del dueño o el guardián del citado vehículo (pues tampoco procura una reparación de daños derivados de un accidente de tránsito), ni tampoco está planteada la responsabilidad civil el asegurado emergente de un hecho ilícito, es claro que tales cuestiones no podrían ser materia de juzgamiento, con lo que una sentencia condenatoria contra mi mandante resulta jurídicamente imposible pues su obligación de responder requeriría, como condición jurídica y material de posibilidad, que la pretensión haya sido dirigida contra ella y aquí no lo ha sido.- Como decía, la carencia de legitimación pasiva resulta manifiesta y así fue prematuramente puesto de relieve por V.S. a fs. 45, pues no solo la actora no demandó a mi mandante por una decisión propia y deliberada, sino que incluso y tras suplir con el señalado defecto de instar la mediación contra doña María Elsa ORSATTI de TROIANO (asegurado) para cumplir con lo que supone tan tolo sería un detalle formal, ha insistido en acotar la demanda a la persona del asegurador (fs. 55) sin otras presencias extrañas que pudieran entorpecer su quijotesca gesta contra quien señala como "mercenaria de la felicidad humana".- Sería un error suponer que dicha decisión puede ser suplida o subrogada por el sucedáneo de "integrar la litis" con el asegurado (fs. 45), no solo porque entre el asegurador y el asegurado no se verifica una hipótesis de litisconsorcio pasivo necesario que faculte a la integración oficiosa de una relación procesal constituida con prescindencia de alguno de ellos (SCBA LP AC 59366 S 10/06/1997 in re "Centeno", Ac 53362 S 05/03/1996, Ac 53427 S 28/11/1995, entre muchos otros, sumario y fallos completos en Juba, B21429) y de allí que resulta errónea la cita que del artículo 89 del CPCC se hace en el citado proveído, sino en razón a que por los propios presupuestos de hecho y los fundamentos legales que conforman la economía de la pretensión es claro que en ella la presencia del asegurado es un ingrediente por completo extraño e innecesario para lo que en realidad pretende ser una demanda que se abastece pura y exclusivamente en la alegación del daño directo -y sus añadidos - experimentado por quien afirma ser un "tercero expuesto" a una relación de consumo.- Siendo por otra parte obvio que entre la actora y la nombrada María Elsa ORSATTI de TROIANO no hay relación de consumo ni de ninguna otra índole, qué razón podría tener la actora para demandarla o para traerla a un proceso como el que aquí nos concierne, cuando además es obvio que su propósito ha sido demandar solo al asegurador valiéndose de una fundamentación legal que es la que le permite integrar la pretensión con ingredientes que son por completo extraños a la reparación de daños fundada en la responsabilidad civil extracontractual como sería, sin tales aditamentos, la derivada de un accidente de tránsito común y corriente.- Por esa razón es que tampoco se da el caso que la originaria omisión (que en realidad fue una decisión deliberada) de demandar al asegurado pudiera dar sustento o lugar a algún planteo de "nulidad" que sea el caso prevenir o evitar como se sugiere a fs. 45, pues la tal mentada omisión o decisión de prescindir del asegurado en la constitución de la litis no es cuestión de las que suscitan nulidades procesales sino de aquéllas que, como ha quedado dicho, impiden la condena del asegurador y por lo tanto conducen a la directa y lisa absolución tanto de SAN CRISTOBAL SMSG como también de la Sra. María Elsa ORSATTI de TROIANO en tanto esta última no fue demandada, no tiene vínculo jurídico legitimante alguno con la actora y tampoco reviste ninguna de las eventuales calidades (dueño o guardián) en cuya virtud se la podría haber demandado por una hipotética responsabilidad civil extracontractual derivada de un accidente de tránsito al que, como ya anticipé, resultó por completo ajena.- En los términos en los que fue planteada y articulada la pretensión -y para ello el Juez no está facultado para subrogarse en los derechos de la actora mucho menos para suplir las decisiones técnicas, acertadas o no, de quien ejerce su representación letrada - la litis ya está formalmente integrada con el asegurador (única persona demandada) y en ese esquema es que mi mandante es un tercero extraño que carece de legitimación pasiva para ser traído compulsivamente al proceso.- Y a tal punto la señalada "integración de la litis" resulta improcedente, pues al no encontrarnos en presencia de un litisconsorcio necesario (y aquí no lo hay), es tan absurdo traer compulsivamente al proceso al asegurado a pesar de no haber sido demandado, como lo sería que V.S. dispusiera citar oficiosamente en garantía al asegurador a pesar que ni uno ni otro lo hubieran solicitado.- Tanto la citación en garantía como la decisión de demandar o no a una persona son arbitrios propios de la parte que, por ende y como regla, no pueden ser suplidos por el Juez excepción hecha, claro está, que se tratara de un caso de litisconsorcio necesario (art. 89 del CPCC) que en este caso no se verifica ni remotamente.- Además, una vez trabada la litis (y aquí lo está), al actor le está vedada la posibilidad de modificar la demanda (art. 331 del CPCC), de manera que tampoco podría ahora ampliar o modificar la pretensión haciéndola extensiva contra quien en sus comienzos había tomado la deliberada decisión de no demandar.- Lo dicho hasta aquí me permite concluir que, en suma, mi mandante debe ser desvinculada del proceso por tener una manifiesta ausencia de legitimación pasiva, lo que así solicito.- V.-REPLICA SUBSIDIARIA.- Aunque como dije la Sra. María Elsa ORSATTI de TROIANO ha sido un tercero por completo ajeno al accidente de tránsito que refiere la actora en el capítulo III de la demanda y a que ese hecho no concierne estrictamente al basamento fáctico de la pretensión, por eventualidad procesal cumplo en expedirme sobre la referencia que en la demanda se hace al supuesto accidente de tránsito de fecha 2/2/2013.- Mi mandante no participó de ese alegado accidente. No es titular de dominio del automotor presuntamente involucrado y tampoco lo conducía, de modo que carece por ello de las calidades legitimantes para ser demandada en virtud de una eventual responsabilidad civil extracontractual (art. 1113 CC).- No le consta por ello su ocurrencia, ni las circunstancias de tiempo y lugar en que se habría producido, ni la participación en él de las personas que se señalan en la demandada, ni que éstas hayan sido las causantes de los supuestos daños que la actora invoca haber experimentado en su automotor, ni la intimación que dice haberle cursado a la aseguradora, ni el invocado "silencio" de la misma (como si existiera el tal deber de expedirse frente a un completo extraño al contrato de seguro), ni las restantes consecuencias de orden perjudicial que llevan a la actora a enarbolar esta verdadera aventura sin pie ni cabeza.- En cuanto a la documentación acompañada esta parte niega la autenticidad de la misma en un todo.- En efecto: 1.-Siendo inaplicable la LDC a quien no es ni "consumidor", ni "usuario" ni tampoco "tercero expuesto" a una relación de consumo, la "carta poder" en base a la cual se invoca la calidad de apoderado de la demandante resulta un instrumento por completo insuficiente para el cometido de acreditar la personería invocada.- 2.-La CD de fecha 22/10/2013 impuesta por el colega Juan Ignacio MARCEILLAC es anterior al apoderamiento "especial" que con fecha 22/11/2013 le fue conferido por la actora para el mismo cometido; total que a dicha fecha carecía de tal representación y por lo tanto dicha intimación no tuvo absolutamente ninguna virtualidad que no sea la de caer en caso roto.- 3.-Correlativamente y a más de ser remitida por un completo extraño al contrato de seguro (por tanto ajeno al mismo, a los derechos y obligaciones que nacen de él), la aseguradora demandada no tenía ninguna obligación de darle responde, ni de pronunciarse ni de expedirse cuando, en la medida que no se hubiera producido el "siniestro" que recién tiene lugar con la "demanda" contra el "asegurado", no nace la obligación de expedirse (art. 56 LS).- 4.-Ergo, ningún "silencio" ni "tácita aceptación" cuando no había deber alguno de pronunciarse. Mucho menos frente a quien no puede invocar ni prevalerse de un contrato del que es tercero por completo ajeno (arts. 503 y 1195 CC; 109, 110 LS).- 5.- El presupuesto o cotización atribuido Carlos González ni siquiera está firmado por él. Por ende no constituye documento alguno ni puede vincular a esta parte sobre su contenido cuya sinceridad niego.- 6.-Lo propio en relación a supuestas placas fotográficas cuya autenticidad no me consta.- 7.-Niego autenticidad - material y contenido - de la denuncia de siniestro.- VII.-FORMULA ADHESION.- Por economía procesal formulo expresa adhesión a las restantes defensas y articulares ya efectuadas en representación de la aseguradora demandada y que doy por reproducidas.- VIII.-PETICION.- Síntesis de peticiones: 1.-Se me tenga por presentado, parte y con el domicilio constituido; 2.-Por contestada, en legal tiempo y forma, la demanda entablada contra mi mandante.- 3.-Se confiera traslado a la actora respecto de las excepciones opuestas.- 4.-Oportunamete se haga lugar a ellas, con costas.- Proveer de conformidad, SERA JUSTICIA

JURISPRUDENCIA RELATIVA A LA LEGITIMACION DEL TERCERO CONTRA EL ASEGURADOR

Acerca de la pretendida legitimación del tercero victima contra la aseguradora citada en garantía, el alcance de la citación en garantía y la posibilidad de entablar una acción directa autónoma con prescindencia del asegurado consultar la siguiente doctrina legal (SCJBA, Ac. 51937 del 15/11/1994 in re "Morera", publicaciones: Rev. JA 1995-III-360, DJBA 148-85; Ac. 83.726 del 5/5/2004, in re "Milone", sumario y fallo completo en Juba, B6601).- Acerca de la figura del "tercero expuesto" a una relación de consumo y su aplicación extensiva al tercero damnificado en un accidente de transito consultar: CCC Necochea, Noviembre/2012, causa NE-3983-2010 in re "LUQUE, Claudia Andrea vs. FERREIRO, José Antonio s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", confirmado recientemente por la SCJBA, causa C-117.589, sumario y fallo completo en Juba, B28552; también Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Resistencia, 22/5/2013 in re "PEREZ, Mauro Fabián y otro vs. WILHEM, Wilson Ezequiel y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", cita on line MJ-JU-M-80033-AR/ MIJ80033 / MIJ80033).- También de la Camara de Apelaciones de Mar del Plata(Causa 154768 in re “ANDINO, María Laura c. PISERCHIA, Juan Pablo s. DAÑOS Y PERJUICIOS”, sentencia del 19/12/2013)

lunes, 12 de septiembre de 2016

TRABAJO PRACTICO SOBRE CONTESTACION DE DEMANDA

En el enlace al pie podrán acceder a la demanda base para el trabajo practico sobre contestación de demanda.- Para ello se les propone la siguiente guía de trabajo: 1.-Analizar el caso previa lectura detenida de la demanda a responder.- 2.-Examinar la debida satisfacción de los presupuestos procesales (competencia, legitimación, personería).- 3.-Determinar cuál es el presupuesto de hecho invocado por la actora para justificar su legitimación para entablar una acción directa contra la aseguradora.- 4.-Verificar si dicho presupuesto está satisfecho a la luz de la doctrina legal existente en materia de citación en garantía del asegurador (art. 118 LS) y la figura del "bystander" o tercero expuesto a una relación de consumo.- 5.-Esquematizar una posible base argumental para, en la réplica a la demanda, ensayar una defensa o excepción de falta de legitimación activa/pasiva.- 6.-Problematizar esta cuestión: el tercero damnificado en un accidente de tránsito, es "tercero expuesto" (bystander) a una relación de consumo?.- 7.-Busque soporte jurisprudencial sobre la materia.- 8.-Redactar el escrito de responde a la demanda.- ENLACE: https://drive.google.com/open?id=0B8Ig7pAG6pQzMEw5U1Z2S2JiOVE

sábado, 3 de septiembre de 2016


SUMARIO.-

ACTOR: CARTEAU, Federico Carlos.-

DEMANDADO: RODRIGUEZ, Guillermo Darío y otra.-

DOCUMENTACION ACOMPAÑADA: acta conclusión procedimiento de mediación prejudicial obligatoria; copias IPP 009353-12; 2 radiografías informe de diagnóstico de fecha 25/4/2012, F 02; 15 fotografías color; 5 certificados médicos; recibo n º 1155 por gastos médicos; comprobante n º 429920 pago de seña $ 50, orden de prestación en HIGA; remito n º 13243 de fecha7/4/2012, factura n º 3 de fecha 27/11/2012, 1 presupuesto, factura n º 980 de fecha 5/12/2012, copia registro de conducir.-

                                                           * * *

INFORMA CONCLUSION DE LA INSTANCIA DE MEDIACION PREJUDICIAL - PROMUEVE DEMANDA POR INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS.-

Señor Juez:

            MANUEL RODRIGUEZ, abogado inscripto al Tomo VI, Folio 145 del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Tomo 59, Folio 144 de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Legajo Previsional n ° 48675/2, CUIT ..., monotributista, constituyendo domicilio procesal en calle La Rioja nº 2071 piso 4 º oficina "3" de esta ciudad, DOMICILIO ELECTRONICO ..., a V.S. respetuosamente me presento y digo:

            I.-PERSONERIA.-

            Como lo justifico con copia simple de la escritura de poder general para juicios n º 1 de fecha 8/01/2014 que adjunto, soy apoderado de Federico Carlos CARTEAU, argentino, con domicilio real sito en calle Neuquén 1811 de esta ciudad (art. 47 del CPCC).-

            II.-OBJETO.-

            Concluida como está la instancia de mediación prejudicial obligatoria (lo que acredito con el acta acompañada), sin que durante dicha instancia se lograra arribar a ningún tipo de acuerdo, promuevo demanda en procura del pago de la indemnización de daños y perjuicios cuyo monto estimo más abajo (art.330 del CPCC), con más los intereses moratorios devengados desde la fecha del hecho ilícito que le da origen (7/4/2012) y hasta el momento de su efectivo pago, contra las siguientes personas civilmente responsables:

1) Guillermo Darío RODRIGUEZ, DNI 22.007.604, con domicilio sito en calle Neuquén 438de esta ciudad.-

2) Delia Esther BURGOS, LC 5.414.793, con domicilio en La Rioja n º 1331 de la ciudad de Mar del Plata.-

            Al primero se lo demanda en su calidad de conductor y a la segunda en su carácter de titular de dominio del vehículo tipo camioneta marca CHEVROLET tipo PICK UP dominio RJD 119 causante de los daños cuya reparación se demanda (arts. 1067, 1068, 1078, 1083 y 1113 del CC; 320 inc. 2 º ap. k), 330 y 484 del CPCC).-

            Pido costas (art.68 del CPCC).-

            III.-CUESTION FACTICA.-

            Los hechos - expuestos en relación sinóptica - que dan origen a esta demanda, son los que siguen:

            El día 7 de abril de 2012, en horas del mediodía (13:45 aproximadamente), mi mandante se desplazaba al comando de una motocicleta de su propiedad, marca Zanella ZB 110-R patente 142  HGN por la calle Olazábal, con sentido desde Avenida Libertad hacia Avenida Luro de esta ciudad.-

            Lo hacía en compañía de quien en ese momento era su compañera, la joven Estafanía Nair HERRERA.-

            En la intersección con la calle 3 de Febrero y cuando se encontraba sobre la bocacalle efectuando el cruce de la misma, la camioneta marca CHEVROLET tipo PICK UP dominio RJD 119 conducida por el demandado Guillermo Darío RODRIGUEZ, que circulaba proveniente de dicha calle perpendicular hizo contacto con la motocicleta ocasionando que ésta se desestabilizara provocando la caída de sus dos ocupantes, Federico Carlos CARTEAU y su acompañante Estefanía Nair HERRERA, que se precipitaron violentamente sobre la cinta asfáltica.-

            A consecuencia del impacto Federico Carlos CARTEAU sufrió una fractura multifragmentaria de clavícula derecha, traumatismos y contusiones varios que obligaron a su traslado al HIGA donde recibió la primera atención médica, al tiempo que la motocicleta de su propiedad también experimentó daños materiales de diversa consideración.-

            A raíz de este hecho ilícito ocurrido en la vía pública, intervino personal policial formándose la IPP 9353-12 de trámite ante la UFIJE n º 11 de este Departamento Judicial que concluyó con su archivo.-

            Con fecha 30 de mayo de 2013 mi mandante instó el pedido de mediación prejudicial obligatoria previsto en la Ley 13.951 y con arreglo a la misma requirió a los aquí demandados el pago de la indemnización de los daños experimentados por él.-

            La instancia concluyó sin acuerdo alguno el día 25 de marzo de 2014, lo que así justifico con el acta de conclusión firmada por la mediadora interviniente, Dra. Roxana Edit Ponzio, quedando de ese modo expedita la vía judicial para hacer efectiva la responsabilidad civil extracontractual de ambos codemandados por los daños causados a mi mandante y, por extensión, la contractual asumida a su respecto por la aseguradora de la que se solicita su citación en garantía.-

            Estos son los hechos del caso.-

            IV.-BASAMENTO LEGAL.-

            La pretensión indemnizatoria que mediante esta demanda se procura viabilizar encuentra suficiente basamento  normativo en el artículo 1113 del Código Civil, que disciplina la responsabilidad civil del dueño o guardián de una cosa generadora de "riesgos" (por caso, el automotor) por daños causados con ella a terceros.-

            La responsabilidad de ambos codemandados resulta evidente:

1) Por revestir respectivamente las calidades legitimantes de guardián y dueño de una cosa que, como la camioneta marca CHEVROLET tipo PICK UP dominio RJD 119, era una cosa riesgosa en los términos de la norma citada.-

2) Por haber sido la "cosa" la causante de los daños que a su integridad física y a sus bienes experimentó el demandante.-

3) Por tener este último a su favor en la emergencia la prioridad de paso que le otorgaba el hecho de circular desde la derecha (art. 41 Ley 24.449).-

            La responsabilidad civil imputada se sustenta en un factor de atribución objetivo como es el "riesgo creado" por la introducción de la "cosa" en la vía pública, de modo que la sola acreditación del hecho y el daño crea una presunción que hace nacer el deber de responder hasta tanto el sindicado no acredite la interrupción del nexo de causalidad por el hecho de la propia víctima o de un tercero (art. 1113 del CC).-

            Se aplica además la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, según la cual:

            "Cuando el daño es producido por un vehículo automotor en movimiento, la teoría del riesgo creado constituye el principio rector para la atribución de la responsabilidad de los intervinientes en el siniestro. Según la doctrina elaborada a partir del art. 1113 del Código Civil el dueño o guardián responde en forma objetiva por los daños ocasionados debiendo -para liberarse total o parcialmente- demostrar que la conducta de la víctima o de un tercero ha excluido o limitado su deber de responder".-

SCBA LP C 113882 S 19/12/2012 Juez GENOUD (SD)

SCBA LP C 109149 S 29/08/2012 Juez GENOUD (SD)

 SCBA LP C 99078 S 18/02/2009 Juez HITTERS (SD)

SCBA LP C 95721 S 29/10/2008 Juez HITTERS (SD)

SCBA LP Ac 91521 S 13/09/2006 Juez RONCORONI (SD)

 SCBA LP Ac 90846 S 11/05/2005 Juez HITTERS (OP) Sumario y fallos completos en Juba, B27869.-

           En suma, propicio que se le impute a los demandados la responsabilidad por la totalidad del daño causado.-

           V.-INDEMNIZACION  QUE SE RECLAMA.-           

           El daño efectivamente sufrido en la persona y bienes de mi mandante lo lleva a concretar la siguiente pretensión indemnizatoria:-

           1.-GASTOS MEDICOS DE CURACION Y REHABILITACION:

           Para lograr la reducción de la fractura requirió de atención médica especializada en el HIGA, en Clínica 25 de Mayo, con profesionales médicos de esta ciudad, etc., lo que así resulta de las radiografías, certificados médicos y demás comprobantes que acompaño.-

           Ello obligó a múltiples visitas a distintos profesionales, a efectuarse radiografías de diagnóstico y de control, a la colocación y posterior retiro de cabestrillo para inmovilizar la fractura, a la adquisición de distintos medicamentos para lograr la desinflamación y para mitigar el fuerte dolor experimentado,  etc.-

           Por indicación médica debió además efectuar rehabilitación de la fractura, lo que prolongó el tratamiento hasta su completo restablecimiento por 6 meses.-

           Este prolongado tratamiento le insumió gastos médicos por aproximadamente $ 2.000 que incluye honorarios por consultas, estudios de diagnóstico y control, medicamentos, rehabilitación y los accesorios a éstos como traslados, cuya reparación se reclama por este concepto, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse.-

           Si bien no se han conservado la totalidad de los comprobantes que justificarían dichas erogaciones, con la documentación que se acompaña se justifica la lesión, su tratamiento y duración aproximada, lo que permite presumir la existencia de tales erogaciones y su cuantía.-

           Debe admitirse la demanda de aquellos gastos menores cuya existencia es altamente probable aunque no aparezcan debidamente documentados, atendiendo a las características del hecho, los distintos tratamientos encarados, los controles realizados, medicamentos suministrados, etc. (CC0100 SN 9942 RSD-87-11 S 12/07/2011 Juez TELECHEA (SD), sumario en Juba, B859054).-

           2.-DAÑO A LA INTEGRIDAD FISICA:

           Como ya anticipé en el relato de los hechos (supra, capítulo III), a causa del accidente que motiva este juicio el actor sufrió una fractura multifragmentaria en la clavícula que debió ser inmovilizada y reducida para lograr su consolidación.-

           Todo ello está probado con la documentación médica que acompaño a esta demanda.-

           La clavícula es un huego largo y delgado que une la cintura escapular (hombro) con el tronco o esternón, permitiendo que ambos hombros se mantengan alineados. Es por tanto un hueso fundamental para la movilidad del hombro y la alineación de la cintura escapular con relación al tronco.-

           La fractura de clavícula es una lesión frecuente en deportistas (sobre todo ciclistas o motociclistas) y el  mecanismo de producción consiste en caer con el peso del cuerpo sobre el hombro o bien con el miembro  demasiado extendido para amortiguar una caída.-

           De allí que la presentación más frecuente de la fractura es en la zona media del hueso.-

           Dicha lesión, muy dolorosa por su naturaleza y localización, es al mismo tiempo altamente incapacitante dado que ocasiona la total pérdida de movilidad del hombro y miembro afectado por la fractura.-

           Para su tratamiento se acude en la mayoría de los casos (y siempre que no se trate de una fractura expuesta) al método conservador consistente en la colocación de un cabestrillo que inmoviliza por completo la zona para lograr la formación de callo y unión natural del hueso. Ello también hace que la recuperación sea más lenta e incómoda para el paciente, dado que el cabestrillo dificulta el descaso y al limitar la movilidad por completo anula actividades tan cotidianas como el vestirse, asearse, comer, en suma, toda otra que requiera el uso de una mano hábil.-

           De allí que, hasta su completa curación la misma le ocasionó una incapacidad transitoria absoluta de 6 meses durante los cuales estuvo impedido de realizar todas sus actividades corrientes tales como estudiar o trabajar, salir de su domicilio por sus propios medios, desplazarse sin dificultad, vestirse, asearse, etc., sin contar para ello con la necesaria ayuda.-

           Valga mencionar aquí que, por su juventud, antes del accidente mi mandante gozaba de un excelente estado de salud, lo cual le permitía llevar adelante un vida muy activa.-

           Esa amplia libertad y vitalidad que le daba el perfecto estado de salud física que tenía antes del accidente se vio completamente cercenado por los seis meses posteriores al accidente durante los cuales sus aptitudes vitales se vieron notablemente mermadas.-

           De todos modos aun luego del alta médica ya nada volvió a ser igual. Ahora, aunque ha podido recuperar la movilidad del hombro, tiene alteraciones funcionales de carácter permanente que están dadas por un cierto dolor crónico y limitaciones a la movilidad, lo que será acreditado mediante la correspondiente prueba pericial médica.-

           Resumiendo: ya no puede realizar la vida que hacía antes.-

           En suma, el daño a la integridad física se ha traducido en la privación concreta del pleno goce de facultades propias del ser humano como son el trabajo, el esparcimiento, el desenvolvimiento pleno de sus capacidades físicas.-

           Se puede ver el impacto ampliamente negativo que el detrimento sufrido en su integridad física ha proyectado en vastas esferas de la vida del actor, privándolo del goce de facultades vitales que antes tenía y que ahora no o que se han visto mermadas.-

           De allí que por el daño a la integridad física sufrida, con impacto en actividades laborales y personales - vitales en suma - demando el pago de una indemnización de $ 100.000 (art.1086 del C.C.).-

           3.-DAÑO MORAL:

           Al detrimento de orden físico antes descripto no le va en zaga el detrimento de orden espiritual.-

           Los meses posteriores al accidente fueron de gran sufrimiento psíquico y espiritual, fundamentalmente por el hecho de tomar conciencia de la enorme pérdida experimentada, como es que, de llevar una vida completamente normal y activa, el actor pasó a padecer la completa inmovilidad, la imposibilidad de trabajar y valerse por sí mismo, la merma de aptitudes vitales.-

           Ello sumado a los padecimientos físicos propios de quien ha sufrido una fractura para cuya reducción fue necesario someterlo a dolorosos procedimientos en su cuerpo, con la colocación de cabestrillo por lo demás en extremo incómodo para dormir o descansar, vestirse o asearse.-

           Transcurridos los primeros meses y superada la instancia traumática del accidente, le sucedieron otros en los que tuvo que aceptar una nueva condición física, con todas las limitaciones que ya he referido y que también le provocaron un padecimiento espiritual, el cual se ha prolongado en todo este tiempo.-

           De allí que, por el daño moral sufrido reclamo una reparación económica de $ 100.000 (art. 1078 del C.C.).-

           4.-DAÑO PSICOLOGICO:

           El actor ha experimentado, además, un daño psíquico importante, quedándole por causa del accidente una secuela permanente de estrés postraumático que experimenta bajo la forma de sensaciones de temor o angustia latente, vulnerabilidad extrema, fobia a circular por la calle, dificultad para contraer el sueño o tener un descanso reparador, pérdida de interés por las actividades que antes realizaba con entusiasmo.-

           Este hecho traumático, por poco relevante que parezca, tuvo un efecto devastador en el joven Carteau que, valga mencionarlo, desde que vino al mundo debió sufrir el abandono y la vulnerabilidad (fue abandonado por su madre biológica, siendo luego adoptado por sus padres), de modo que a su corta edad ha tenido que afrontar hechos o acontecimientos vitales que le han ido dejando una huella psíquica muy marcada.-

           En un momento en que intentaba encauzarse y buscar su lugar en la vida, formando una pareja, tratando de insertarse laboralmente, sufre este accidente que le ocasiona un fuerte desequilibrio psíquico, muy difícil de recuperar para una persona psíquicamente tan vulnerable.-

           Se estima que el restablecimiento de su salud psíquica requiere de tratamiento profesional cuya duración se estima en 2 años y cuyo costo total (a razón de 2 sesiones mensuales) se estima en $ 16.800 que se reclaman y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba que se produzca.-  

           5.-DAÑOS MATERIALES A LA MOTOCICLETA:

           La motocicleta de su propiedad experimentó diversos daños en su estructura cuyo costo de reparación ascendió, según se desprende del recibo n º 3 a la suma de $ 5.369.-

           Se acompañan además un total de 15 fotografías color que ilustran el estado en que quedó la motocicleta luego del accidente.-

           En suma, por este rubro se reclama la suma de $ 5.369 abonada por las reparaciones necesarias.-

           VI.-SINTESIS DE LA REPARACION PRETENDIDA.-

           En síntesis, demando el pago de la siguiente reparación:

1.-Gastos médicos……………………………………………………..$      2.000.-

2.-Daño a la integridad física……………………………………….$ 100.000.-

3.-Daño moral………………………………………………………….$  100.000.-

4.-Daño psicológico…………………………………………………..$     16.800.-

5.-Gasos por reparación motocicleta…………………………….$      5.369.-

TOTAL (S.E.U.O.)…………………………………………..$ 224.169.-

           Son Pesos doscientos veinticuatro mil ciento sesenta y nueve cuyo pago se reclama y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba que se produzca, con más sus intereses moratorios y las costas procesales.-

           VII.-PRUEBA.-

           Ofrezco la siguiente:

           1.-DOCUMENTAL: acompaño la individualizada en el sumario.-

           2.-INSTRUMENTAL: ofrezco todas y cada una de las constancias así como prueba ya producida en la IPP 9353-2012 RODRIGUEZ, Guillermo Darío s/ LESIONS CULPOSAS" que tramitó por ante la UFIJE 11 y para cuya remisión se librará oficio.-

           3.-CONFESIONAL: de los demandados, a quienes se citará absolverlas a tenor del pliego que se acompañará en su oportunidad, bajo apercibimiento de Ley (art. 415 CPCC).-

           4.-TESTIMONIAL: se citará en calidad de testigo a las siguientes personas:

4.1.-Estefanía Nair HERRERA, DNI 37.177.892, con domicilio en calle Patagones 675 de esta ciudad.-

4.2.-Dr. Martín SIRI, médico especialista en traumatología y ortopedia, con domicilio en calle 25 de Mayo 3542 de esta ciudad.-

4.3.-Daniel Oscar LORENZANI, con domicilio en calle 11 de septiembre 4558 de esta ciudad.-

           5.-INFORMATIVA: solicito se requieran los siguientes informes:

5.1.-Al HIGA, para que conforme resulte de sus archivos y registros informe sobre la atención médica recibida por el servicio de guardia el día 7/4/2012 por el paciente Federico Carlos CARTEAU, DNI 35.206.736.-

5.2.-Al Dr. Martín SIRI, médico traumatólogo, para que conforme resulte de sus archivos remita HC de consultorio del paciente Federico Carlos CARTEAU, DNI 35.206.736.-

5.3.-A la DNRPA para que en caso de ser desconocido informe sobre la titularidad en el dominio de la camioneta tipo pick up marca CHEVROLET dominio RJD 119 al 7/4/2012.-

5.4.-Al Servicio de Radiología de clínica 25 de Mayo para que remita copia del informe radiológico n º 429920 de fecha 25/4/2012 perteneciente al paciente CARTEAU Federico Carlos.-

           4.-PERICIAL MEDICA: se solicita el sorteo de un perito médico traumatólogo único y de oficio, quien producirá un informe a tenor del siguiente cuestionario:

4.1.-A la vista de los antecedentes médicos del actor obrantes en autos (certificados, radiografías, etc.), de su HC y del examen personal determine qué lesión sufrió en el accidente de fecha 7/4/2012.-

4.2.-Determine cuál es el mecanismo de producción de la fx de clavícula.-

4.3.-Determine cuál es la presentación más frecuente de este tipo de fx.-

4.4.-Que tratamiento se utilizó para su reducción y consolidación.-

4.5.-Cuál fue la duración del tratamiento o cuál es la duración promedio del mismo sin complicaciones.-

4.6.-Si fue necesario o está indicado realizar rehabilitación, en cuyo caso informará en qué consiste la misma y cuál es su duración.-

4.7.-Tiempo total de tratamiento hasta el alta médica definitiva.-

4.8.-Si durante el tratamiento la pérdida de movilidad del hombro y el brazo es absoluta.-

4.9.-Si se trata de una lesión dolorosa.-

4.10.-Si está indicada la ingesta de analgésicos y antinflamatarios y su costo.-

4.11.-Si dicha fractura - ya consolidada - le ha ocasionado al actor alguna limitación funcional o anatómica. En su caso descríbala.-

4.12.-Determine si el actor presenta incapacidad parcial de tipo de permanente. En tal caso establezca su porcentual con arreglo a baremos de uso corriente.-

4.13.-Si a futuro existe el riesgo que el hueso produzca una artrosis prematura. En su caso indique implicancias anatómicas y funcionales.-

4.14.-Brinde un detalle de las operaciones técnicas realizadas para la contestación de los puntos de pericia y cite la bibliografía médica especializada consultada.-

           5.-PERICIAL PSICOLOGICA: se designará un perito psicólogo único y de oficio, quien previa aceptación legal del cargo producirá un informe a tenor del siguiente cuestionario pericial:

5.1.- Valiéndose de procedimientos de psicodiagnóstico de uso corriente en la práctica clínica, determinará cuál ha sido el impacto psíquico que en Federico Carlos Carteau tuvo el accidente de tránsito sufrido el día 7/4/2012.-

5.2.-Si por su propia historia vital y su propia estructura de la personalidad se trata de una persona psíquicamente vulnerable.-

5.3.- Si a causa del accidente desarrolló algún síntoma compatible con síndrome de estrés postraumático.-

5.4.-En caso afirmativo informe cuáles son los signos y síntomas indicativos de dicho síndrome.-

5.5.-Si el actor necesita de tratamiento profesional para resolver las secuelas psicológicas ocasionadas por dicho accidente. En su caso informe tipo de tratamiento, duración y costo aproximado.-

5.6.- Brinde un detalle de las operaciones técnicas realizadas para la contestación de los puntos de pericia y cite la bibliografía especializada consultada.-

           6.-DOCUMENTAL EN PODER DE TERCERO: se intimará a la citada en garantía, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 387 del CPCC, para que remita copia íntegra del legajo del siniestro de fecha 7/4/2012 con afectación a la póliza 2791542 emitida a favor de Delia Esther BURGOS, titular de la camioneta marca CHEVROLET dominio  RJD 119. En especial acompañará copia de la denuncia del siniestro realizada por el conductor y/o asegurado.-

           VIII.-CITACION EN GARANTIA.-

           Solicito la citación en garantía de ORBIS CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A., con domicilio sito en Avenida Independencia n º 1160  de la ciudad de Mar del Plata (art. 118 LS), a fin que dicha aseguradora de cumplimiento con la obligación de indemnidad contractualmente asumida frente a su asegurado mediante la póliza n º 2791542 por daños a terceros con el vehículo tipo camioneta marca CHEVROLET dominio RJD 119.

           IX.-PETICION.-

           Síntesis de petición:

1)Se me tenga por presentado, parte y con el domicilio constituido;

2)Se confiera traslado a los demandados y cite en garantía al asegurador por el plazo de 10 días bajo apercibimiento de rebeldía (arts. 59, 337, 484 del CPCC; 118 LS).-

3) Oportunamente se haga lugar a la demanda promovida, con costas.-

            Proveer de conformidad, SERA JUSTICIA

TRABAJO PRACTICO INICIAL - DEMANDA


EL CASO: usted es consultado por Manuel RODRIGUEZ, titular de un vehículo marca Chevrolet Cruze 1.8. LTZ sedán 5 puertas, dominio LPN704, quien le refiere que dicho vehículo fue adquirido 0Km en COMAR AUTOMOTORES S.A., concesionaria oficial Chevrolet. En el mes de febrero de 2013 el automotor se vio afectado por la caída de granizo, que dañó el capot, techo, baúl y otras partes de su carrocería. Dado que al momento del siniestro contaba con seguro que cubría el riesgo de daño parcial por caída de granizo, mediante póliza que tenía contratada en SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES, las reparaciones necesarias para su completa reposición se hicieron a través de los talles de COMAR AUTOMOTORES S.A. por encontrase en período de garantía y fueron abonadas por la citada aseguradora. Le proporciona copia de la factura que acredita el pago de tales reparaciones. De acuerdo a lo que surge de la factura adjunta, se pagó la suma de $ 26.911,27 en concepto de gastos por repuestos y servicios, entre los que se incluyó el reemplazo del capot del vehículo. Le acota que al retirar el vehículo de los talleres el mismo a simple vista impresionaba como correctamente reparado, vale decir, la deficiente calidad de la reparación no podía advertirse por el profano a simple vista. Sin embargo, transcurrido el tiempo y decidido a emprender la venta del mismo para cambiarlo por un vehículo más nuevo, ingreso el vehículo al taller de chapa y pintura BERARDI, sito en calle Tierra del Fuego n º 2267, a fin de arreglar algunos detalles propios del uso como rayones por estacionamiento, además de darle una lustrada general a la pintura que impresionaba como algo opaca. Al tomar contacto con el titular del taller, Sr. Orlando Berardi, éste le hace notar que el vehículo está seriamente afectado en toda su carrocería por una reparación anterior de muy mala calidad, consistente en llenar con masilla los bollos causados por la caída de granizo y la ulterior pintura de la misma. La hace notar incluso que el capot tampoco había sido reemplazado sino que la pieza original también estaba toda macillada y que por la acción de la intemperie, se habían comenzado a hacer nuevamente visibles las huellas del granizo y la mala calidad de la reparación efectuada, lo que sin dudas desmerecería el valor del automotor o tornaría ruinosa su ulterior venta.  Azorado por la advertencia y la comprobación hecha a través de la mirada experta del nombrado chapista, procedio a dejar constancia fehaciente de ello mediante acta notarial n º 483 de fecha 29/06/2016 que adjunto, en la cual se asientan todas las observaciones realizadas a la vista del automotor por el nombrado Orlando  Berardi ante el notario.-
GUIA DE TRABAJO: se propone la siguiente guía de trabajo:
1.-Analisis del caso planteado por el Sr. Manuel RODRIGUEZ.-
2.-¿Tendría el nombrado alguna acción legal para perseguir el pago de una reparación del daño que dice haber experimentado?. En su caso señale cual y contra quien o quienes la entablaría?.-
3.-Solicitaria alguna diligencia preparatoria o medida probatoria de producción anticipada?. En su caso cual y con que objeto?.-
4.-Analice que reparos u objeciones podría oponer el futuro demandado a su demanda.
5.-En que normas o disposiciones legales fundaría su reclamo.-
6.-Redacte el escrito de demanda en el cual concrete la pretensión a esgrimir.-