lunes, 31 de agosto de 2015

TRABAJO PRACTICO INICIAL


TRABAJO PRACTICO N º 1 - ESCRITOS INICIALES:  DEMANDA, CONTESTACION Y RECONVENCION.-

EL CASO:

Con fecha 31/8/2014 Graciela Rosa MUSUMECI le dio en préstamo a Gerónimo Abel ANTUNEZ la suma de u$s 100.000 en dinero efectivo que de común acuerdo debía ser devuelto el día 31/8/2015 con más la suma de u$s 24.000 por intereses compensatorios.

Las partes de dicho acuerdo lo instrumentaron mediante la escritura pública n º 240 por ante el notario José Emanuel FERNANDEZ en cuya virtud Gerónimo Abel ANTUNEZ declara haberle vendido a Graciela Rosa MUSUMECI un inmueble de su propiedad sito en calle General Paunero n º 3075 de Mar del Plata por la citada suma de u$s 124.000 que dice percibidos en su totalidad antes del acto (aclaración importante: el inmueble tiene un valor real de u$s 150.000). En la escritura se incluyó un PACTO DE RETROVENTA redactado en los siguientes términos: "Gerónimo Abel ANTUNEZ podrá recuperar la propiedad del inmueble vendido si el 31 de agosto de 2015 devuelve a doña Graciela Rosa MUSUMECI el total del precio que por este acto abonó en Dólares Estadounidenses billete ciento veinticuatro mil. Producido el vencimiento del plazo sin que el ejercicio de la opción hubiera sido comunicado y puesta a disposición del comprador la expresada cantidad de dinero, el dominio quedará irrevocablemente adquirido por la compradora.-

Asimismo y durante el lapso de tiempo en el cual según los términos de la escritura el vendedor podía ejercer el pacto de retroventa (31/8/2014 a 31/8/2015) , se firmó en forma simultánea un contrato de comodato en cuya virtud la compradora consentía en que el vendedor continúe en la tenencia del inmueble no obstante declararse en la escritura la entrega de la posesión a la compradora.-

Un mes antes de producirse el vencimiento del plazo para hacer ejercicio de dicha opción, el vendedor se comunica telefónicamente con la compradora a fin de hacerle saber su intención de ejercer la retroventa y abonarle a la firma de la escritura de transmisión del dominio la suma de $ 1.240.000 equivalentes a u$s 124.000 al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina que posee impuestos a plazo fijo con vencimiento el 25/8/2015, a lo que la Sra. Graciela Rosa MUSUMECI le contestó que solo aceptaría dólares billete u$s 124.000 y que únicamente en estos términos aceptaría transferirle nuevamente el dominio de la propiedad sin lo cual le pedía la desocupación y entrega del mismo.-

METODOLOGIA DE TRABAJO:

El curso se dividirá en grupo de 3 miembros cada uno (máximo). La mitad de los grupos asumirá el asesoramiento y la presentación de Graciela Rosa MUSUMECI. La otra mitad la de Gerónimo Abel ANTUNEZ. Cada grupo organizará su estrategia para defender el caso y interactuará con otro de los grupos contrarios a designar por el docente.-

El grupo que represente al vendedor (ANTUNEZ) demandará finalmente a la compradora (MUSUMECI) a fin de concretar su pretensión. Organizará los hechos y los fundamentos jurídicos y probatorios de los que se valdrá para dicha empresa.-

El grupo que represente al comprador (MUSUMECI) demandará al vendedor (ANTUNEZ) a fin de obtener la restitución del inmueble. Organizará los hechos y los fundamentos jurídicos y probatorios de los que se valdrá para ello.-

Trasladados los respectivos escritos al grupo contrario, se ensayarán las réplicas a las respectivas demandas y se deducirán reconvenciones.-

GUIA DE TRABAJO:

Se propone la siguiente guía de trabajo:

1) El grupo analizará los antecedentes del caso y ensayará una estrategia para el ejercicio eficaz de las prerrogativas que posee la parte que le toca asesorar y representar, teniendo en miras el futuro ejercicio de un acción legal o la réplica de la que ejerza la futura parte contraria.-

2)Si hubiera comunicaciones epistolares que cursar a la parte contraria las redactarán.-

3) Elegirán el fundamento legal de la futura pretensión a ejercer, abonándola con las normas legales que consideren aplicables y la jurisprudencia que la avale(de existir).-

4) Analizarán el impacto que sobre la convención que vincula a las partes tiene el nuevo Código  Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994) y argumentarán su aplicabilidad o inaplicabilidad en función a la conveniencia que una u otra alternativa tenga para la parte que les corresponda representar en el entuerto.-

5) Sobre los puntos 2, 3 y 4 redactarán papeles de trabajo en los que irán volcando las conclusiones provisorias, problematizarán los aspectos relevantes, ensayarán posibles argumentos a favor y en contra de la posición que defiendan y sus respectivas refutaciones, acopiarán jurisprudencia a favor y en contra de las tesis defendidas.-

6) Redactarán un borrador del escrito de demanda que luego trabajarán en clase con el docente.-

7) Redactarán el texto definitivo de la demanda.-

8) Trasladarán la demanda y recibirán en traslado la demanda recíproca del grupo contrincante.-

9) Cada grupo analizará detenidamente la demanda planteada por el grupo contrincante.-

10) Cada grupo analizará la viabilidad de oponer alguna excepción de previo y especial pronunciamiento (de corresponder).-

11) Cada grupo analizará la viabilidad de deducir reconvención.-

12) Cada grupo redactará los borradores de los escritos de réplica, excepciones y reconvención que analizarán en clase con el docente.-

13) Cada grupo redactará los escritos definitivos de réplica, excepciones y reconvención.-

14) En clase de discutirán las conclusiones en común.-

 

 

 

 

 

lunes, 15 de junio de 2015

TRABAJO PRACTICO SOBRE CADUCIDAD DE INSTANCIA (TODAS LAS COMISIONES)


CADUCIDAD DE INSANCIA: SIMPLICIDAD Y COMPLEJIDADES.-

Bajo su aparente simplicidad el "fuera de juego" que supone el procedimiento (la "jugada") tendiente a obtener la declaración de caducidad de la instancia (o su revocación) encubre numerosas complejidades, algunas de las cuales procuro señalar a través de las siguientes situaciones hipotéticas:

1.-En un proceso sumario en el cual se demandó a dos personas, una domiciliada en el lugar de radicación del juicio que ya contestó la demanda, otra domiciliada en extraña jurisdicción para cuya notificación se libró cédula bajo el régimen de la Ley 22.172, la secuencia temporal de actos procesales cumplidos es la siguiente: i) El actor promueve la demanda (15/10/2014); ii) El confiere traslado x 10 días con más su ampliación legal en  caso de corresponder (25(10/2014); iii) El actor libra 2 cédulas (26/10/14); iv) Se notifica al primer codemandado (10/11/2014; v) El codemandado notificado contesta la demanda (16/11/2014); vi) El juez provee dicho escrito del siguiente modo: "una vez agregada la cédula de notificación librada con fecha 26/10/2014 se proveerá" (17/11/2014); vii) El actor presenta un escrito solicitando que la cédula de notificación dirigida al otro codemandado se diligencie por el procedimiento de la Ley 22.172 y autoriza a tal fin al Dr xx (18/11/2014); viii) Se ordena nueva cédula bajo la ley 22.172 (20/11/2014); ix) El actor obtiene libramiento de cédula de notificación Ley 22.172 obrando constancia de su retiro del expediente el día (25/11/2014). Este es el último acto procesal que registra el proceso hasta el momento. En este estado:

a) Podría el demandado instar la declaración de caducidad de la instancia?. Redacte el escrito correspondiente.-

b) En caso afirmativo y suponiendo que el Juez hubiera despachado favorablemente dicha petición, ¿cómo debería hacerlo?. Redacte la providencia respectiva.-

c) Si usted fuera el abogado del actor, ¿que haría frente a dicho despacho?. Redacte el escrito correspondiente.-

d)El abogado autorizado al diligenciamiento le informa telefónicamente que la cédula Ley 22.172 fue presentada en el Juzgado de Paz de Venado Tuerto (Provincia de Santa Fe) para su diligenciamiento el día 15/6/2015. ¿Constituye un acto procesal de impulso del procedimiento?. Y si se hubiera materializado la notificación del demandado residente en extraña jurisdicción el día 18/6/2015, ¿constituiría un acto de impulso?.-

e) Suponiendo que, en hipótesis, el primer despacho favorable a la declaración de caducidad y previo a esta se hubiera dictado y con fecha 25/3/15, ¿podría el actor solicitar el día 1/7/2015 la declaración de caducidad de instancia si entre el 26/3/2015 (fecha en que el actor manifestó interés en instar el proceso) y el 26/6/2015 solo se hubieran cumplido las diligencias señaladas en el ap. d)?.-

f) Si en tal horizonte hipotético el Juez declarada la caducidad de instancia pedida por el demandado, usted, abogado del actor, podría apelar dicha resolución alegando que el curso de la caducidad se interrumpió con las diligencias señaladas en d) aunque no hubiera constancia de ellas en el expediente por hallarse pendiente la devolución de la cédula remitida a Santa Fe?.-

2.-En virtud de un accidente de tránsito se suscitaron dos procesos en los que sus protagonistas se demandaron recíprocamente (v. gr., FERNANDEZ vs. PEREZ s/ DS. Y PS. y PEREZ vs. FERNANDEZ s/ DS. PS.).  En el primero de ellos (FERNANDEZ vs PEREZ) se trabó la litis al presentarse PEREZ a contestar la demanda oponiendo la excepción de litispendencia con relación al  juicio PEREZ vs. FERNANDEZ en el que la litis se había trabado con anterioridad. El actor se allanó a la excepción y pidió que se dicte resolución ordenando la acumulación de ambos procesos. El Juez dictó con fecha 2/2/2015 la siguiente providencia: "téngase presente para una vez remitidos los autos PEREZ vs. FERNANDEZ a cuyo fin líbrese oficio al Juez que entiende en ellos". El 10/5/2015 el demandado PEREZ solicitó que se dicte despacho favorable a la caducidad de instancia en los autos FERNANDEZ vs. PEREZ, sin actividad procesal desde el 2/2/15. El Juez dictó despacho favorable a dicho pedido, y, notificado, el actor (FERNANDEZ) no le dio responde. El demandado PEREZ pidió que se resuelva y tenga por operada la caducidad de instancia. Proyecte la resolución que usted dictaría ante dicho pedido.-

3.-En un juicio sumario, a pedido del demandado se intimó al actor a concretar actividad procesal útil bajo apercibimiento de decretarse la caducidad de la instancia. El abogado del actor, al darle responde a la intimación despachada en los términos del artículo 315 del CPCC, lo hizo actuando como gestor procesal (art.48 CPCC) solicitando que se abra la causa a prueba. El juez abrió la causa a prueba. Firme dicha providencia el actor pidió que se provean las ofrecidas. El Juez proveyó las pruebas. En este estado de cosas el demandado señaló que el plazo por el cual el gestor procesal del actor había actuado como tal se encontraba vencido y sin ratificar. Solicitó que se declare la nulidad de lo actuado y que en el mismo acto se tenga por operada la caducidad de la instancia. A dicho pedido el juez resolvió conferirle traslado al abogado del actor. Redacte que el escrito que presentaría en réplica a dicho traslado.-

4.-En el supuesto 2, el Juez tuvo por operada la caducidad de instancia. Dicha resolución, ¿puede ser apelada por el actor?. Redacte el escrito de apelación con sus fundamentos de considerarlo viable.-

 

 

 

 

lunes, 6 de abril de 2015

TRABAJO PRACTICO CONTESTACION DE DEMANDA Y OPOSICION DE EXCEPCIONES


EL CASO:

Usted es consultado por la demandada con motivo de habérsele notificado un traslado de demanda materializado en el expediente caratulado "RUBIERA MARIA ESTER vs. SAMAK y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", adjuntándole copia de la cédula y efectos trasladados con la misma (demanda y documentación).-

MATERIAL DE TRABAJO (en fotocopiadora del CENTRO DE ESTUDIANTES): se proporciona un juego de copias completo del escrito de demanda, de la cédula de notificación de su traslado y de la documentación acompañada.-

GUIA DE TRABAJO:

Se propone la siguiente guía de trabajo:

1.-Lectura completa del material de trabajo.-

2.-¿Observa en el escrito de demanda en traslado alguna omisión a los requisitos que en orden a una adecuada confección  establece el artículo 330 del CPCC?.-

3.-¿De qué modo impactan tales omisiones o deficiencias en la faena de darle responde?.-

4.-¿Advierte elementos o aspectos que le permitan articular alguna excepción previa?. En su caso califique la misma y esquematice una posible argumentación para su planteo.-

5.-Sobre el fondo, ¿Qué estrategia emplearía para afrontar la defensa del demandado y como la plasmaría en el escrito de réplica?.-

6.-Redacte el escrito de contestación de demanda.-

NOTIFICACION IMPORTANTE: un ejemplar del material de trabajo junto con esta guía se deja en el centro de impresiones de la facultad.-

 

 

 

 

 

 

 

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TRABAJO PRACTICO DE DEMANDA (Todas las Comisiones)



Ismael Daniel G. adquirió una entrada para ingresar concierto de Roger W realizado el 10/3/2014 en el estadio de RIVER PLATE de Buenos Aires.
Del "ticket" o entrada surge que el recital fue "organizado" por "ROCK & MUSIC PRODUCCIONES INTERNACIONALES", con domicilio en la ciudad de Buenos Aires.
Al comenzar el espectáculo quienes se encontraban detrás de Ismael Daniel G. se cayeron, provocando a su vez la caída del nombrado junto a otras personas desde el primer piso a la planta baja. Como consecuencia de la caída el actor sufrió diversas lesiones.
A raíz de los fuertes dolores que sufría, personal de seguridad del estadio, lo llevó a la enfermería, efectuándosele las primeras curaciones. Posteriormente fue trasladado al Hospital Municipal, donde se dispuso su internación, colocándole una tracción esquelética en el talón. Esta consiste en la perforación del hueso para colocarle en el orificio un clavo más largo que la superficie atravesada; luego, de las salientes se cuelga una polea con una pesa de 15 kgr. para provocar el estiramiento del hueso.  Así permaneció 15 días impedido de toda movilidad. Posteriormente le fue colocado otro clavo en el hueso de la pierna afectada, pasando así otras dos semanas. Luego se le colocó un yeso y fue trasladado a su casa, donde permaneció 3 meses más.
Además de verse impedido de desarrollar una serie de actividades propias de la edad -20 años-, quedó con la pierna afectada varios centímetros más corta que la otra, lo cual implica una renguera permanente, la afectación en exámenes preocupacionales, y traumas psicológicos.
TRABAJO A REALIZAR:
1.     Analizar Competencia, legitimación activa y pasiva en el caso propuesto.
2.     Confeccionar la demanda desarrollando los hechos, fundamentando la responsabilidad del demandado con jurisprudencia y doctrina correspondiente.
3.      Determinar y fundamentar la procedencia de cada rubro indemnizatorio correspondiente al reclamo.

lunes, 17 de noviembre de 2014

LA PROBLEMATICA APLICACION DEL ART. 23 DE LA LEY 8904/77 Y LA DOCTRINA LEGAL DE LA SCBJA

La aplicación concreta del articulo 23 - párrafo segundo - de la Ley 8904/77 (honorarios de abogados y procuradores) en los casos en los que el proceso concluye por rechazo integro de la demanda, sea en virtud de sentencia definitiva o, por extensión, en virtud de haberse decretado la caducidad de la instancia o producirse el desistimiento de la acción y/o del derecho, suele poner en un brete al Juez cuando, como acontece la mayor de las veces, el monto involucrado en la demanda (que es base regulatoria en estos casos) resulta notoriamente excesivo o desproporcionado y conduce, por añadidura, a concretar regulaciones de honorarios que aun aplicando el minimo de la escala, resultan desproporcionadas en parangon con las tareas efectivamente realizadas, su merito, extensión o complejidad intrínseca del asunto (art. 16 Ley 8904/77).-
Por ese motivo es que la SCJBA ha atemperado el rigor al que conduce la interpretación literal de la norma y lo ha hecho a través de diversos fallos que a esta altura constituyen doctrina legal.-
A continuación se publica el texto completo de uno de esos fallos y se propone, como tareas, resumir esquematicamente los argumentos del tribunal para arribar a la doctrina sentada y alcance de la misma.-


A C U E R D O

 

                En la ciudad de La Plata, a 17 de setiembre de 2008, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Genoud, Soria, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 95.112, "Cabuli, Yamil contra C.E.A.M.S.E. Incidente de ejecución de sentencia".

 

A N T E C E D E N T E S

 

La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Martín dejó establecido que, en los autos principales, la demandada dedujo reconvención por daños y perjuicios; siendo la misma rechazada; imponiéndose las costas en el orden causado.

 

                A esos fines, fijó la base regulatoria por el rechazo de la pretensión, en la suma de $ 2.125.141.

 

                Se interpuso, por el doctor Hernán Bello, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

 

                Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

 

C U E S T I O N

 

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

 

V O T A C I O N

 

                A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

 

1. La sentencia de Cámara declaró, en lo que hace al análisis del recurso traído, la existencia de la reconvención entablada por la parte demandada en los autos principales. Asimismo, determinó su rechazo e impuso las costas por su orden (fs. 556/563).

 

                También fijó la base regulatoria por esa pretensión, estimando los perjuicios derivados del hecho ilícito, sin incluir el rubro "cementerio parque" y el enriquecimiento sin causa, por no guardar relación causal con la ilicitud pregonada (fs. 560/vta.).

 

                En esta tarea, juzgó que la regulación de los honorarios en materia de daños y perjuicios no puede ser establecida por las sumas reclamadas cuando la demanda es rechazada, sino en función del monto por el que razonablemente podría haber prosperado (fs. 560 vta./561).

 

                De esta manera, fijó el valor locativo en un 15% del valor de la tierra; y el daño moral en el equivalente a un 5% del valor de la fracción. La suma de ambos conceptos arrojó un total de $ 2.125.451, sin intereses (fs. 561/vta.).

 

                2. Contra dicha decisión se alza el recurrente, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, denunciando la violación de los arts. 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional y 23 del decreto ley 8904/1977, y doctrina legal de esta Corte (fs. 577/581).

 

                En síntesis, se agravia por el monto fijado para la reconvención desestimada, el que considera irrisorio; y por la orden de liberar los fondos depositados por los obligados al pago, al dejar en garantía del cumplimiento un valor insuficiente para atender a los honorarios impagos (fs. 577 vta./578 vta.).

 

                3. El recurso no puede prosperar.

 

                Tiene dicho esta Corte que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no cuestiona idóneamente los fundamentos del fallo ni demuestra la infracción legal que denuncia, pues es requisito ineludible de una adecuada fundamentación la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado (cfr. Ac. 75.517, sent. del 21-XI-2001; Ac. 78.111, sent. del 10-IX-2003; Ac. 83.114, sent. del 13-IV-2005; Ac. 91.993, sent. del 9-VIII-2006).

 

                Es que ni la mera cita de preceptos presuntamente conculcados, ni la exteriorización de un disconformismo que sólo apunta a imponer el propio enfoque, conforman la exigencia del ataque idóneo a los basamentos sobre los que se asienta el decisorio, y que posibilita la apertura de la instancia extraordinaria (cfr. causas Ac. 81.521, sent. del 3-III-2004; Ac. 86.541, sent. del 11-V-2005).

 

                En el sub examine el recurrente no ha logrado demostrar las infracciones denunciadas (art. 279, C.P.C.C.).

 

                En un precedente similar (Ac. 67.487, sent. del 14-II-2001, "D.J.B.A.", 160-85), este Tribunal consideró desdeñable que, al amparo de una interpretación literal de una norma, queden convalidadas situaciones como la que la causa ofrece, frente a una pretensión indemnizatoria desmesurada y fuera de toda correspondencia con las reparaciones fijadas por los tribunales tanto provinciales como nacionales (cfr. causas Ac. 49.172, sent. del 12-IV-1994, "D.J.B.A.", 146-286, "El Derecho", 159-649, "Jurisprudencia Argentina", 1995-IV-9, "Acuerdos y Sentencias", 1994-I-596, "La Ley Buenos Aires", 1994-544; Ac. 67.487, sent. del 14-II-2001).

 

                En cualquier sistema de hermenéutica legal que se adopte -se dijo en ese causa- no debe prescindirse de las palabras de la ley, pero en lugar de enfrascarse en la búsqueda del sentido o alcance gramatical de las mismas para descubrir la probable intención de sus autores, hay que recurrir a ellas para encontrar la solución del caso concreto, según las realidades que informan el texto legislativo (cfr. causas B. 50.872, sent. del 10-IV-1990 y su remisión, "Acuerdos y Sentencias", 1990-I-781; Ac. 67.487, sent. del 14-II-2001).

 

                En la interpretación de la ley debe comenzarse con la ley misma y adoptando como pauta hermenéutica a la sistemática, confrontando el precepto a interpretar con el resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico, ya que no debe olvidarse la presunción de coherencia que reina en el sistema de normas. La interpretación debe efectuarse, entonces, de tal manera que las normas armonicen entre sí y no de modo que se produzcan choques, exclusiones o pugnas entre ellas (cfr. causas Ac. 32.771, sent. del 21-IX-1984; Ac. 32.770, sent. del 7-VIII-1984). O, en otros términos: por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de la interpretación indagar lo que ellas dicen jurídicamente; es decir, en conexión con el contexto del que forman parte, respetando el espíritu y la intención del legislador que, generalmente, se traduce a través de ciertos principios direccionales (cfr. causas Ac. 49.172, sent. del 12-IV-1994; Ac. 67.487, sent. del 14-II-2001).

 

                En el presente caso, la aplicación lisa y llana del art. 23 del decreto ley 8904 conduciría a una situación injusta, porque el monto reclamado en la reconvención resulta excesivo y, por ende, discordante con la realidad económica-social (v. en particular la cuantía reclamada por el daño moral a fs. 580; y la base regulatoria total estimada a fs. 581), por lo que es innegable que el órgano de aplicación no puede permanecer impasible, convirtiéndose en un mero testigo de una situación inequitativa (doct. arts. 15 y 31, Const. provincial; 1071, Cód. Civil).

 

                Es que en casos que exhiben una significación patrimonial genuinamente de excepción, ha resuelto la Corte de Justicia de la Nación, no cabe abstraerse de que los importes que se determinarán tienen su razón de ser (su causa fundante), en la remuneración por trabajos profesionales, de modo que debe verificarse una inescindible compatibilización entre los montos de las retribuciones y el mérito, novedad, eficacia e, inclusive, implicancia institucional del aporte realizado por los distintos profesionales intervinientes (C.S.J.N., sent. del 8-IV-1997, in re "Provincia de Santa Cruz c. Estado Nacional", "Jurisprudencia Argentina", 1998-I-411; en la especie la base pretendida ascendería a $ 55.449.439, ver fs. 581).

 

                A ello la Corte federal añadió que la onerosidad de los servicios prestados no admite como único medio para satisfacerla el apego a las escalas de los aranceles respectivos. La justa retribución que reconoce la Constitución nacional debe ser conciliada con la garantía, de igual grado, que asiste a los deudores de no ser privados ilegítimamente de su propiedad al verse obligados a afrontar, con sus patrimonios, honorarios exorbitantes. Este derecho, que reconoce la Carta Magna, no puede ser invocado para legitimar una solución que represente un lucro absolutamente irracional, desnaturalizando el principio rector sentado por la Constitución para la tutela de las garantías reconocidas (art. 28, Const. nac.; C.S.J.N., sent. del 8-IV-1997, in re "Provincia de Santa Cruz c. Estado Nacional", cit.).

 

                No se discute, pues, el sentido sancionatorio y moralizador que contiene la norma del art. 23 del arancel dirigido a desalentar la promoción de aventuras judiciales; pero resulta descalificable que ese objetivo se vuelva en un enriquecimiento indebido ("... el principio de equidad, dice Marcadé, que siempre es principio en nuestro derecho civil, no permite enriquecerse con lo ajeno...", nota art. 784, Cód. Civil; y doct. art. 792, Cód. cit.).

 

                Es que, si bien en los casos de rechazo total de la demanda corresponde a los fines arancelarios computar la totalidad de la suma reclamada, actualizada al 1 de abril de 1991 (cfr. leyes 23.928 y 25.561; cfr. causa Ac. 32.714, sent del 15-XI-1983, in re "Municipalidad de Avellaneda c. Pedro Storm y Cía. Ltda. S.A. Apremio"), tal principio no es aplicable sin más a los juicios por daños y perjuicios, por cuanto los rubros indemnizatorios pretendidos son unilateralmente estimados por la propia víctima y sujetos generalmente a la fórmula "en lo que en más o en menos resulte de las pruebas ofrecidas".

 

                Por consiguiente, cabe atender a la cifra que razonablemente hubiera podido corresponder a la víctima, de haber prosperado la acción -o reconvención- sobre la base de los hechos invocados, adecuada al mérito, la extensión, la naturaleza y la importancia de la labor profesional realizada (art. 16, decreto ley 8904; cfr. Cám. Fed. Civ. y Com., Sala I, sent. del 23-IX-1994, in re "A., A. M. c. Comando en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina - Hospital Aeronáutico Central", "La Ley", 1996-A-577; Cám. Nac. Civ., Sala A, sent. del 17-VII-2003, in re "Barrios, Lidia c. Jaime, Andrés J. y otros", "D.J." 2003-2-1044; C.S.J.N., in re "Provincia de Santa Cruz c. Estado Nacional", cit.).

 

                Desde otro ángulo, debo señalar que la fundamentación del recurso, en los puntos que se cuestiona tanto la exclusión de algunos rubros de la base regulatoria (enriquecimiento sin causa y lucro cesante; v. fs. 560/vta. y 580/vta.), como la violación del principio de congruencia al resolver sobre capítulos no controvertidos (decisión ultra petita, v. fs. 581), es insuficiente, puesto que el quejoso no critica de un modo concreto y eficaz el fallo impugnado (art. 297, C.P.C.C.).

 

                Así es, en el sub lite, los sentenciantes expresamente motivaron la exclusión de los daños mencionados por no guardar una "relación causal adecuada" con la pretensión sustentada en la ocupación ilegítima del bien (fs. 560/vta.; cfr. arts. 34 inc. 4, 163 inc. 5, 330 inc. 3, 355 y concs., C.P.C.C.), razonamiento que no ha sido controvertido por el recurrente.

 

                4. Si lo expuesto es compartido, el tratamiento del agravio referido a la orden de liberar los fondos pertenecientes a los obligados al pago (fs. 578 vta.), deviene abstracto, lo que hace innecesaria su consideración en esta instancia (arts. 34, 163, 278, 289 y concs., C.P.C.C.; cfr. Ac. 68.728, sent. del 15-XII-1999; Ac. 83.472, sent. del 24-IX-2003; Ac. 91.843, sent. del 7-IX-2005; Ac. 87.784, sent. del 28-II-2007).

 

                5. Por lo expuesto, no habiéndose acreditado las infracciones denunciadas, el recurso de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado, con costas (art. 289, C.P.C.C.).

 

                Voto por la negativa.

 

                A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo

 

                1. En mi opinión, el pronunciamiento recurrido debe ser confirmado.

 

                a. El eje de la cuestión sometida a decisión de esta Corte gira en torno a la determinación del monto a considerar a los fines regulatorios frente a una demanda -en el caso, introducida por vía reconvencional- íntegramente rechazada, lo que nos lleva a analizar el alcance que cabe asignar al art. 23 de la ley arancelaria local.

 

                El citado precepto establece, en su segundo párrafo, que "Cuando fuera íntegramente desestimada la demanda o reconvención, se tendrá como valor del pleito el importe de la misma, actualizado al momento de la sentencia en base a los índices de depreciación monetaria, si ello fuere pertinente".

 

                Es cierto que a la luz de lo normado por el art. 23 del dec. ley 8904, en principio, en aquellos supuestos en que se ha rechazado la demanda en su integridad, la regulación de honorarios de los profesionales ha de tomar como monto del juicio la suma reclamada al promoverse la acción. Más no lo es menos que -como acertadamente recuerda el ponente- esta Corte ha dicho que resulta írrito que al amparo de una interpretación literal del art. 23 del decreto ley 8904 queden convalidadas situaciones -como las que ofrece el caso bajo estudio- frente a una pretensión indemnizatoria desmesurada y fuera de toda correspondencia con las reparaciones fijadas por los tribunales tanto provinciales como nacionales (cf. Ac. 67.487 del 14-II-2000 y, más recientemente, Ac. 86.346, "Calleri", sent. del 26-IX-2007).

 

                b. Pues bien, en la especie, tras receptar la queja del doctor Bello relativa a la existencia de una reconvención rechazada en los autos principales, la Cámara de Apelación estableció la base económica a emplear a los fines regulatorios.

 

                En este último sentido, precisó que la mentada reconvención "fue tenida por tal únicamente respecto a los daños derivados de lo que los expropiados [demandados] consideraron un hecho ilícito", a saber la desposesión ilegítima y manu militari de la fracción de terreno que la expropiante efectuara en septiembre de 1979. Tal -dijo- es la interpretación que dimana de lo resuelto por la Cámara a fs. 624 vta. y reafirmado por la Suprema Corte a fs. 2222. Quedando por tanto incluido en aquélla los rubros: valor locativo y daño moral (v. fs. 560).

 

                Por el contrario, entendió que carecían de vinculación con la pregonada desposesión ilegítima el valor estimado del cementerio parque y el enriquecimiento sin causa que supuestamente habría obtenido la expropiante. El primer ítem mencionado, por estar enderezado a resarcir la pérdida de chance que se habría frustrado no por la desposesión ilícita sino por la expropiación de todo el fundo, "entrando en el concepto de daños directos generados por esta última comprendidos en el art. 8 de la ley 5708". El segundo, ya que el invocado enriquecimiento se sustentó en que "el CEAMSE hizo suya la idea de los expropiados de establecer un cementerio parque en la fracción, proyectando instalar uno en la zona", lo que tampoco tenía relación causal alguna con la desposesión (v. fs. 560 y vta.).

 

                Efectuado tal señalamiento, apuntó que cuando -como en la hipótesis- una demanda es rechazada "el capital no se mide por las sumas reclamadas en el escrito de demanda sino en función del monto por que el razonablemente podría haber prosperado la demanda en el caso de acogerse la pretensión", debiendo interpretarse razonablemente la pauta establecida por el art. 23 del dec. ley 8904 (v. fs. 560 vta./561).

 

                Partiendo de estas premisas, estimó el valor locativo del fundo en un 15% del valor de la tierra –ponderando al efecto lo receptado en el fallo de Cámara por tal concepto advirtiendo que si bien dicha decisión fue posteriormente revocada por la Suprema Corte, el valor locativo del predio no pudo alcanzar un monto mayor por tratarse de un baldío, dado su enclave y superficie y siendo sólo apto para un campo muy limitado de usos- De otra parte, en lo que atañe al daño moral, consideró que no podía exceder el 5% del valor de la fracción, brindando las razones en sustento de tal apreciación (v. fs. 561 y vta.).

 

                Por fin, puntualizó que habiéndose guardado silencio sobre las costas relativas a la reconvención por daños y perjuicios, debía interpretarse que éstas se distribuyeron en el orden causado, quedando por tanto a cargo de los expropiados las que correspondan a su asistencia letrada (v. fs. 561 vta./562).

 

                2. Contra tal pronunciamiento, el doctor Bello interpone el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 577/581, en cuyo marco denuncia la afectación de su derecho a una retribución justa y la violación del art. 23 del decreto ley 8904 y de la doctrina legal en la materia que indica.

 

                3. Tales embates no son de recibo.

 

                a. En lo que concierne a la base regulatoria, en coincidencia con lo expresado por el ponente, entiendo que en circunstancias como las planteadas en el sub examine, para efectuar las regulaciones pertinentes hay que partir de la cuantía que estimativamente habría adquirido la indemnización en caso de prosperar la acción, aunque ello conduzca a prescindir del monto efectivamente reclamado, pues aquélla será en definitiva la medida del interés sustancialmente comprometido en el pleito. Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al expedirse sobre la base regulatoria adecuada a los fines de determinar los estipendios de los profesionales con arreglo a las peculiaridades del caso (cfr. C.S.J.N., 20-IV-1995, in re "Martín, Jorge A. c. Shin Dong Sik", "La Ley", 1995-C-320, con nota de Juan C. Poclava Lafuente, D.J. 1995-2,397), habiendo además señalado que en tal tarea no pueden obviarse los intereses económicos de las partes y los efectos que sobre ellas produce el rechazo de la demanda, accionar que importa un recaudo insoslayable para el juzgador desde que constituye el cimiento para toda regulación (cfr. C.S.J.N. Fallos 306:1720; 316:74; voto del doctor Zaffaroni en in re "Recursos de hecho deducidos por Valerio R. Pico y Carlos Manuel Jessen en las causas Resinas Naturales S.A.I.C. y C. c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales y R. 2015.XXXVIII. 'Resinas Naturales S.A.I.C. y C. c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales' Causa S.C. R. 2015", sent. de 7-VI-2005).

 

                Ello pues, en situaciones excepcionales como la configurada en autos, sujetarse sin más al quantum expresado estimativamente en la demanda como base regulatoria, conduciría a una solución despojada de la necesaria ponderación de las circunstancias relevantes de la litis. De tal suerte, para evitar una determinación desmesurada -y por ende irrazonable- (arts. 17, 33 y concs., C.N.) los estipendios de los profesionales actuantes deben determinarse en función del monto que verosímilmente le hubiera correspondido al actor de prosperar su reclamo. Y ello así fue actuado por el pronunciamiento atacado, sin que a mi juicio, se exteriorice la infracción que se denuncia en el recurso incoado.

 

                Las razones expresadas abastecen la solución que se propicia para aquellos supuestos en que -como en el sub lite- se cuestiona la razonabilidad del monto a considerar a los fines regulatorios frente a una demanda íntegramente rechazada. Ello amén de que en caso de advertirse que la sujeción estricta, lisa y llana de los mínimos legales previstos en los regímenes arancelarios locales -en especial, en procesos de significación patrimonial genuinamente de excepción- también denote una evidente e injustificada desproporción entre la extensión e importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que sobre la base de aquellas normas habría de corresponder, pueda acudirse a las facultades previstas en los arts. 1627, segundo párrafo del Código Civil, t.o. ley 24.432 y 13 y 15 de la citada ley (cf. C.S.J.N. in re "Rió Negro, Provincia c. Estado Nacional (DGI) s/nulidad de acto administrativo", sent. de 11-X-2005, Fallo 328, íd. Fallos 324:2586).

 

                b. De otra parte, la queja relativa a la exclusión de ciertos rubros de la estimación efectuada por la Cámara (v. fs. 580 vta.) tampoco puede ser acogida. Como claramente expone el doctor de Lázzari en el último y penúltimo párrafo del punto 3 de su voto, el recurrente no se ha hecho debido cargo de las razones vertidas por la alzada en apoyo de tal parcela de su decisión.

 

                c. Igual suerte adversa han de seguir los agravios por la alegada decisión ultra petita (v. fs. 581) atento su manifiesta insuficiencia técnica (art. 279 del C.P.C.C.).

 

                Esta Corte ha señalado que una de las notas características de esta instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deber ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación (cf. Ac. 88.916, sent. de 14-IX-2005).

 

                El acabado cumplimiento de las pautas que fija el art. 279 del Código procesal, exige que el recurrente indique con claridad las normas legales infringidas por la decisión cuestionada y precise en qué consiste su violación o por qué se las considera erróneamente aplicadas, ya que suplir de oficio las citas legales que debe hacer el impugnante o inferirlas por interpretación resulta incompatible con la índole de esta instancia (cf. Ac. 70.655, sent. de 10-XI-1998).

 

                En la especie, el impugnante arguye que la sentencia "resulta ultra petita en cuanto excede el thema decidendum al resolver sobre capítulos que no habían merecido controversia" (v. fs. 581). Sin embargo, en tal tramo de su recurso omite denunciar cuáles son las normas o doctrina legal de este Tribunal que reputa erróneamente aplicadas o violadas y cómo ellas se relacionan con los agravios que formula, lo que acarrea la insuficiencia del remedio intentado.

 

                Lo expuesto, sin perjuicio de señalar que, en rigor, el traslado dispuesto a fs. 399 de la presentación del doctor Bello de fs. 398 no lo fue de la estimación de base económica, sino de la oposición a la extracción de fondos y reserva de su derecho a regulación de honorarios (v. escrito de fs. 398), a lo que se opusieron los expropiados en su contestación de fs. 404/405, circunstancia que torna cuanto menos dificultoso admitir que medió consentimiento respecto de la base pretendida por el quejoso.

 

                4. Por lo hasta aquí expuesto, y fundamentos concordantes sustentados en el voto del doctor de Lázzari, he de coincidir con él, en cuanto propone rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado a fs. 577/581.

 

                Voto por la negativa.

 

Los señores jueces doctores Kogan y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la cuestión planteada también por la negativa.

 

                Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

 

S E N T E N C I A

 

                Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas (art. 289, C.P.C.C.).

 

                El depósito previo de $ 25.000, efectuado a fs. 900, queda perdido para el recurrente (art. 294, C.P.C.C.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto Resol. 870/2002).

 

                Notifíquese y devuélvase.