lunes, 17 de noviembre de 2014

LA PROBLEMATICA APLICACION DEL ART. 23 DE LA LEY 8904/77 Y LA DOCTRINA LEGAL DE LA SCBJA

La aplicación concreta del articulo 23 - párrafo segundo - de la Ley 8904/77 (honorarios de abogados y procuradores) en los casos en los que el proceso concluye por rechazo integro de la demanda, sea en virtud de sentencia definitiva o, por extensión, en virtud de haberse decretado la caducidad de la instancia o producirse el desistimiento de la acción y/o del derecho, suele poner en un brete al Juez cuando, como acontece la mayor de las veces, el monto involucrado en la demanda (que es base regulatoria en estos casos) resulta notoriamente excesivo o desproporcionado y conduce, por añadidura, a concretar regulaciones de honorarios que aun aplicando el minimo de la escala, resultan desproporcionadas en parangon con las tareas efectivamente realizadas, su merito, extensión o complejidad intrínseca del asunto (art. 16 Ley 8904/77).-
Por ese motivo es que la SCJBA ha atemperado el rigor al que conduce la interpretación literal de la norma y lo ha hecho a través de diversos fallos que a esta altura constituyen doctrina legal.-
A continuación se publica el texto completo de uno de esos fallos y se propone, como tareas, resumir esquematicamente los argumentos del tribunal para arribar a la doctrina sentada y alcance de la misma.-


A C U E R D O

 

                En la ciudad de La Plata, a 17 de setiembre de 2008, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Genoud, Soria, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 95.112, "Cabuli, Yamil contra C.E.A.M.S.E. Incidente de ejecución de sentencia".

 

A N T E C E D E N T E S

 

La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Martín dejó establecido que, en los autos principales, la demandada dedujo reconvención por daños y perjuicios; siendo la misma rechazada; imponiéndose las costas en el orden causado.

 

                A esos fines, fijó la base regulatoria por el rechazo de la pretensión, en la suma de $ 2.125.141.

 

                Se interpuso, por el doctor Hernán Bello, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

 

                Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

 

C U E S T I O N

 

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

 

V O T A C I O N

 

                A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

 

1. La sentencia de Cámara declaró, en lo que hace al análisis del recurso traído, la existencia de la reconvención entablada por la parte demandada en los autos principales. Asimismo, determinó su rechazo e impuso las costas por su orden (fs. 556/563).

 

                También fijó la base regulatoria por esa pretensión, estimando los perjuicios derivados del hecho ilícito, sin incluir el rubro "cementerio parque" y el enriquecimiento sin causa, por no guardar relación causal con la ilicitud pregonada (fs. 560/vta.).

 

                En esta tarea, juzgó que la regulación de los honorarios en materia de daños y perjuicios no puede ser establecida por las sumas reclamadas cuando la demanda es rechazada, sino en función del monto por el que razonablemente podría haber prosperado (fs. 560 vta./561).

 

                De esta manera, fijó el valor locativo en un 15% del valor de la tierra; y el daño moral en el equivalente a un 5% del valor de la fracción. La suma de ambos conceptos arrojó un total de $ 2.125.451, sin intereses (fs. 561/vta.).

 

                2. Contra dicha decisión se alza el recurrente, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, denunciando la violación de los arts. 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional y 23 del decreto ley 8904/1977, y doctrina legal de esta Corte (fs. 577/581).

 

                En síntesis, se agravia por el monto fijado para la reconvención desestimada, el que considera irrisorio; y por la orden de liberar los fondos depositados por los obligados al pago, al dejar en garantía del cumplimiento un valor insuficiente para atender a los honorarios impagos (fs. 577 vta./578 vta.).

 

                3. El recurso no puede prosperar.

 

                Tiene dicho esta Corte que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no cuestiona idóneamente los fundamentos del fallo ni demuestra la infracción legal que denuncia, pues es requisito ineludible de una adecuada fundamentación la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado (cfr. Ac. 75.517, sent. del 21-XI-2001; Ac. 78.111, sent. del 10-IX-2003; Ac. 83.114, sent. del 13-IV-2005; Ac. 91.993, sent. del 9-VIII-2006).

 

                Es que ni la mera cita de preceptos presuntamente conculcados, ni la exteriorización de un disconformismo que sólo apunta a imponer el propio enfoque, conforman la exigencia del ataque idóneo a los basamentos sobre los que se asienta el decisorio, y que posibilita la apertura de la instancia extraordinaria (cfr. causas Ac. 81.521, sent. del 3-III-2004; Ac. 86.541, sent. del 11-V-2005).

 

                En el sub examine el recurrente no ha logrado demostrar las infracciones denunciadas (art. 279, C.P.C.C.).

 

                En un precedente similar (Ac. 67.487, sent. del 14-II-2001, "D.J.B.A.", 160-85), este Tribunal consideró desdeñable que, al amparo de una interpretación literal de una norma, queden convalidadas situaciones como la que la causa ofrece, frente a una pretensión indemnizatoria desmesurada y fuera de toda correspondencia con las reparaciones fijadas por los tribunales tanto provinciales como nacionales (cfr. causas Ac. 49.172, sent. del 12-IV-1994, "D.J.B.A.", 146-286, "El Derecho", 159-649, "Jurisprudencia Argentina", 1995-IV-9, "Acuerdos y Sentencias", 1994-I-596, "La Ley Buenos Aires", 1994-544; Ac. 67.487, sent. del 14-II-2001).

 

                En cualquier sistema de hermenéutica legal que se adopte -se dijo en ese causa- no debe prescindirse de las palabras de la ley, pero en lugar de enfrascarse en la búsqueda del sentido o alcance gramatical de las mismas para descubrir la probable intención de sus autores, hay que recurrir a ellas para encontrar la solución del caso concreto, según las realidades que informan el texto legislativo (cfr. causas B. 50.872, sent. del 10-IV-1990 y su remisión, "Acuerdos y Sentencias", 1990-I-781; Ac. 67.487, sent. del 14-II-2001).

 

                En la interpretación de la ley debe comenzarse con la ley misma y adoptando como pauta hermenéutica a la sistemática, confrontando el precepto a interpretar con el resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico, ya que no debe olvidarse la presunción de coherencia que reina en el sistema de normas. La interpretación debe efectuarse, entonces, de tal manera que las normas armonicen entre sí y no de modo que se produzcan choques, exclusiones o pugnas entre ellas (cfr. causas Ac. 32.771, sent. del 21-IX-1984; Ac. 32.770, sent. del 7-VIII-1984). O, en otros términos: por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de la interpretación indagar lo que ellas dicen jurídicamente; es decir, en conexión con el contexto del que forman parte, respetando el espíritu y la intención del legislador que, generalmente, se traduce a través de ciertos principios direccionales (cfr. causas Ac. 49.172, sent. del 12-IV-1994; Ac. 67.487, sent. del 14-II-2001).

 

                En el presente caso, la aplicación lisa y llana del art. 23 del decreto ley 8904 conduciría a una situación injusta, porque el monto reclamado en la reconvención resulta excesivo y, por ende, discordante con la realidad económica-social (v. en particular la cuantía reclamada por el daño moral a fs. 580; y la base regulatoria total estimada a fs. 581), por lo que es innegable que el órgano de aplicación no puede permanecer impasible, convirtiéndose en un mero testigo de una situación inequitativa (doct. arts. 15 y 31, Const. provincial; 1071, Cód. Civil).

 

                Es que en casos que exhiben una significación patrimonial genuinamente de excepción, ha resuelto la Corte de Justicia de la Nación, no cabe abstraerse de que los importes que se determinarán tienen su razón de ser (su causa fundante), en la remuneración por trabajos profesionales, de modo que debe verificarse una inescindible compatibilización entre los montos de las retribuciones y el mérito, novedad, eficacia e, inclusive, implicancia institucional del aporte realizado por los distintos profesionales intervinientes (C.S.J.N., sent. del 8-IV-1997, in re "Provincia de Santa Cruz c. Estado Nacional", "Jurisprudencia Argentina", 1998-I-411; en la especie la base pretendida ascendería a $ 55.449.439, ver fs. 581).

 

                A ello la Corte federal añadió que la onerosidad de los servicios prestados no admite como único medio para satisfacerla el apego a las escalas de los aranceles respectivos. La justa retribución que reconoce la Constitución nacional debe ser conciliada con la garantía, de igual grado, que asiste a los deudores de no ser privados ilegítimamente de su propiedad al verse obligados a afrontar, con sus patrimonios, honorarios exorbitantes. Este derecho, que reconoce la Carta Magna, no puede ser invocado para legitimar una solución que represente un lucro absolutamente irracional, desnaturalizando el principio rector sentado por la Constitución para la tutela de las garantías reconocidas (art. 28, Const. nac.; C.S.J.N., sent. del 8-IV-1997, in re "Provincia de Santa Cruz c. Estado Nacional", cit.).

 

                No se discute, pues, el sentido sancionatorio y moralizador que contiene la norma del art. 23 del arancel dirigido a desalentar la promoción de aventuras judiciales; pero resulta descalificable que ese objetivo se vuelva en un enriquecimiento indebido ("... el principio de equidad, dice Marcadé, que siempre es principio en nuestro derecho civil, no permite enriquecerse con lo ajeno...", nota art. 784, Cód. Civil; y doct. art. 792, Cód. cit.).

 

                Es que, si bien en los casos de rechazo total de la demanda corresponde a los fines arancelarios computar la totalidad de la suma reclamada, actualizada al 1 de abril de 1991 (cfr. leyes 23.928 y 25.561; cfr. causa Ac. 32.714, sent del 15-XI-1983, in re "Municipalidad de Avellaneda c. Pedro Storm y Cía. Ltda. S.A. Apremio"), tal principio no es aplicable sin más a los juicios por daños y perjuicios, por cuanto los rubros indemnizatorios pretendidos son unilateralmente estimados por la propia víctima y sujetos generalmente a la fórmula "en lo que en más o en menos resulte de las pruebas ofrecidas".

 

                Por consiguiente, cabe atender a la cifra que razonablemente hubiera podido corresponder a la víctima, de haber prosperado la acción -o reconvención- sobre la base de los hechos invocados, adecuada al mérito, la extensión, la naturaleza y la importancia de la labor profesional realizada (art. 16, decreto ley 8904; cfr. Cám. Fed. Civ. y Com., Sala I, sent. del 23-IX-1994, in re "A., A. M. c. Comando en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina - Hospital Aeronáutico Central", "La Ley", 1996-A-577; Cám. Nac. Civ., Sala A, sent. del 17-VII-2003, in re "Barrios, Lidia c. Jaime, Andrés J. y otros", "D.J." 2003-2-1044; C.S.J.N., in re "Provincia de Santa Cruz c. Estado Nacional", cit.).

 

                Desde otro ángulo, debo señalar que la fundamentación del recurso, en los puntos que se cuestiona tanto la exclusión de algunos rubros de la base regulatoria (enriquecimiento sin causa y lucro cesante; v. fs. 560/vta. y 580/vta.), como la violación del principio de congruencia al resolver sobre capítulos no controvertidos (decisión ultra petita, v. fs. 581), es insuficiente, puesto que el quejoso no critica de un modo concreto y eficaz el fallo impugnado (art. 297, C.P.C.C.).

 

                Así es, en el sub lite, los sentenciantes expresamente motivaron la exclusión de los daños mencionados por no guardar una "relación causal adecuada" con la pretensión sustentada en la ocupación ilegítima del bien (fs. 560/vta.; cfr. arts. 34 inc. 4, 163 inc. 5, 330 inc. 3, 355 y concs., C.P.C.C.), razonamiento que no ha sido controvertido por el recurrente.

 

                4. Si lo expuesto es compartido, el tratamiento del agravio referido a la orden de liberar los fondos pertenecientes a los obligados al pago (fs. 578 vta.), deviene abstracto, lo que hace innecesaria su consideración en esta instancia (arts. 34, 163, 278, 289 y concs., C.P.C.C.; cfr. Ac. 68.728, sent. del 15-XII-1999; Ac. 83.472, sent. del 24-IX-2003; Ac. 91.843, sent. del 7-IX-2005; Ac. 87.784, sent. del 28-II-2007).

 

                5. Por lo expuesto, no habiéndose acreditado las infracciones denunciadas, el recurso de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado, con costas (art. 289, C.P.C.C.).

 

                Voto por la negativa.

 

                A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo

 

                1. En mi opinión, el pronunciamiento recurrido debe ser confirmado.

 

                a. El eje de la cuestión sometida a decisión de esta Corte gira en torno a la determinación del monto a considerar a los fines regulatorios frente a una demanda -en el caso, introducida por vía reconvencional- íntegramente rechazada, lo que nos lleva a analizar el alcance que cabe asignar al art. 23 de la ley arancelaria local.

 

                El citado precepto establece, en su segundo párrafo, que "Cuando fuera íntegramente desestimada la demanda o reconvención, se tendrá como valor del pleito el importe de la misma, actualizado al momento de la sentencia en base a los índices de depreciación monetaria, si ello fuere pertinente".

 

                Es cierto que a la luz de lo normado por el art. 23 del dec. ley 8904, en principio, en aquellos supuestos en que se ha rechazado la demanda en su integridad, la regulación de honorarios de los profesionales ha de tomar como monto del juicio la suma reclamada al promoverse la acción. Más no lo es menos que -como acertadamente recuerda el ponente- esta Corte ha dicho que resulta írrito que al amparo de una interpretación literal del art. 23 del decreto ley 8904 queden convalidadas situaciones -como las que ofrece el caso bajo estudio- frente a una pretensión indemnizatoria desmesurada y fuera de toda correspondencia con las reparaciones fijadas por los tribunales tanto provinciales como nacionales (cf. Ac. 67.487 del 14-II-2000 y, más recientemente, Ac. 86.346, "Calleri", sent. del 26-IX-2007).

 

                b. Pues bien, en la especie, tras receptar la queja del doctor Bello relativa a la existencia de una reconvención rechazada en los autos principales, la Cámara de Apelación estableció la base económica a emplear a los fines regulatorios.

 

                En este último sentido, precisó que la mentada reconvención "fue tenida por tal únicamente respecto a los daños derivados de lo que los expropiados [demandados] consideraron un hecho ilícito", a saber la desposesión ilegítima y manu militari de la fracción de terreno que la expropiante efectuara en septiembre de 1979. Tal -dijo- es la interpretación que dimana de lo resuelto por la Cámara a fs. 624 vta. y reafirmado por la Suprema Corte a fs. 2222. Quedando por tanto incluido en aquélla los rubros: valor locativo y daño moral (v. fs. 560).

 

                Por el contrario, entendió que carecían de vinculación con la pregonada desposesión ilegítima el valor estimado del cementerio parque y el enriquecimiento sin causa que supuestamente habría obtenido la expropiante. El primer ítem mencionado, por estar enderezado a resarcir la pérdida de chance que se habría frustrado no por la desposesión ilícita sino por la expropiación de todo el fundo, "entrando en el concepto de daños directos generados por esta última comprendidos en el art. 8 de la ley 5708". El segundo, ya que el invocado enriquecimiento se sustentó en que "el CEAMSE hizo suya la idea de los expropiados de establecer un cementerio parque en la fracción, proyectando instalar uno en la zona", lo que tampoco tenía relación causal alguna con la desposesión (v. fs. 560 y vta.).

 

                Efectuado tal señalamiento, apuntó que cuando -como en la hipótesis- una demanda es rechazada "el capital no se mide por las sumas reclamadas en el escrito de demanda sino en función del monto por que el razonablemente podría haber prosperado la demanda en el caso de acogerse la pretensión", debiendo interpretarse razonablemente la pauta establecida por el art. 23 del dec. ley 8904 (v. fs. 560 vta./561).

 

                Partiendo de estas premisas, estimó el valor locativo del fundo en un 15% del valor de la tierra –ponderando al efecto lo receptado en el fallo de Cámara por tal concepto advirtiendo que si bien dicha decisión fue posteriormente revocada por la Suprema Corte, el valor locativo del predio no pudo alcanzar un monto mayor por tratarse de un baldío, dado su enclave y superficie y siendo sólo apto para un campo muy limitado de usos- De otra parte, en lo que atañe al daño moral, consideró que no podía exceder el 5% del valor de la fracción, brindando las razones en sustento de tal apreciación (v. fs. 561 y vta.).

 

                Por fin, puntualizó que habiéndose guardado silencio sobre las costas relativas a la reconvención por daños y perjuicios, debía interpretarse que éstas se distribuyeron en el orden causado, quedando por tanto a cargo de los expropiados las que correspondan a su asistencia letrada (v. fs. 561 vta./562).

 

                2. Contra tal pronunciamiento, el doctor Bello interpone el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 577/581, en cuyo marco denuncia la afectación de su derecho a una retribución justa y la violación del art. 23 del decreto ley 8904 y de la doctrina legal en la materia que indica.

 

                3. Tales embates no son de recibo.

 

                a. En lo que concierne a la base regulatoria, en coincidencia con lo expresado por el ponente, entiendo que en circunstancias como las planteadas en el sub examine, para efectuar las regulaciones pertinentes hay que partir de la cuantía que estimativamente habría adquirido la indemnización en caso de prosperar la acción, aunque ello conduzca a prescindir del monto efectivamente reclamado, pues aquélla será en definitiva la medida del interés sustancialmente comprometido en el pleito. Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al expedirse sobre la base regulatoria adecuada a los fines de determinar los estipendios de los profesionales con arreglo a las peculiaridades del caso (cfr. C.S.J.N., 20-IV-1995, in re "Martín, Jorge A. c. Shin Dong Sik", "La Ley", 1995-C-320, con nota de Juan C. Poclava Lafuente, D.J. 1995-2,397), habiendo además señalado que en tal tarea no pueden obviarse los intereses económicos de las partes y los efectos que sobre ellas produce el rechazo de la demanda, accionar que importa un recaudo insoslayable para el juzgador desde que constituye el cimiento para toda regulación (cfr. C.S.J.N. Fallos 306:1720; 316:74; voto del doctor Zaffaroni en in re "Recursos de hecho deducidos por Valerio R. Pico y Carlos Manuel Jessen en las causas Resinas Naturales S.A.I.C. y C. c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales y R. 2015.XXXVIII. 'Resinas Naturales S.A.I.C. y C. c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales' Causa S.C. R. 2015", sent. de 7-VI-2005).

 

                Ello pues, en situaciones excepcionales como la configurada en autos, sujetarse sin más al quantum expresado estimativamente en la demanda como base regulatoria, conduciría a una solución despojada de la necesaria ponderación de las circunstancias relevantes de la litis. De tal suerte, para evitar una determinación desmesurada -y por ende irrazonable- (arts. 17, 33 y concs., C.N.) los estipendios de los profesionales actuantes deben determinarse en función del monto que verosímilmente le hubiera correspondido al actor de prosperar su reclamo. Y ello así fue actuado por el pronunciamiento atacado, sin que a mi juicio, se exteriorice la infracción que se denuncia en el recurso incoado.

 

                Las razones expresadas abastecen la solución que se propicia para aquellos supuestos en que -como en el sub lite- se cuestiona la razonabilidad del monto a considerar a los fines regulatorios frente a una demanda íntegramente rechazada. Ello amén de que en caso de advertirse que la sujeción estricta, lisa y llana de los mínimos legales previstos en los regímenes arancelarios locales -en especial, en procesos de significación patrimonial genuinamente de excepción- también denote una evidente e injustificada desproporción entre la extensión e importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que sobre la base de aquellas normas habría de corresponder, pueda acudirse a las facultades previstas en los arts. 1627, segundo párrafo del Código Civil, t.o. ley 24.432 y 13 y 15 de la citada ley (cf. C.S.J.N. in re "Rió Negro, Provincia c. Estado Nacional (DGI) s/nulidad de acto administrativo", sent. de 11-X-2005, Fallo 328, íd. Fallos 324:2586).

 

                b. De otra parte, la queja relativa a la exclusión de ciertos rubros de la estimación efectuada por la Cámara (v. fs. 580 vta.) tampoco puede ser acogida. Como claramente expone el doctor de Lázzari en el último y penúltimo párrafo del punto 3 de su voto, el recurrente no se ha hecho debido cargo de las razones vertidas por la alzada en apoyo de tal parcela de su decisión.

 

                c. Igual suerte adversa han de seguir los agravios por la alegada decisión ultra petita (v. fs. 581) atento su manifiesta insuficiencia técnica (art. 279 del C.P.C.C.).

 

                Esta Corte ha señalado que una de las notas características de esta instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deber ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación (cf. Ac. 88.916, sent. de 14-IX-2005).

 

                El acabado cumplimiento de las pautas que fija el art. 279 del Código procesal, exige que el recurrente indique con claridad las normas legales infringidas por la decisión cuestionada y precise en qué consiste su violación o por qué se las considera erróneamente aplicadas, ya que suplir de oficio las citas legales que debe hacer el impugnante o inferirlas por interpretación resulta incompatible con la índole de esta instancia (cf. Ac. 70.655, sent. de 10-XI-1998).

 

                En la especie, el impugnante arguye que la sentencia "resulta ultra petita en cuanto excede el thema decidendum al resolver sobre capítulos que no habían merecido controversia" (v. fs. 581). Sin embargo, en tal tramo de su recurso omite denunciar cuáles son las normas o doctrina legal de este Tribunal que reputa erróneamente aplicadas o violadas y cómo ellas se relacionan con los agravios que formula, lo que acarrea la insuficiencia del remedio intentado.

 

                Lo expuesto, sin perjuicio de señalar que, en rigor, el traslado dispuesto a fs. 399 de la presentación del doctor Bello de fs. 398 no lo fue de la estimación de base económica, sino de la oposición a la extracción de fondos y reserva de su derecho a regulación de honorarios (v. escrito de fs. 398), a lo que se opusieron los expropiados en su contestación de fs. 404/405, circunstancia que torna cuanto menos dificultoso admitir que medió consentimiento respecto de la base pretendida por el quejoso.

 

                4. Por lo hasta aquí expuesto, y fundamentos concordantes sustentados en el voto del doctor de Lázzari, he de coincidir con él, en cuanto propone rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado a fs. 577/581.

 

                Voto por la negativa.

 

Los señores jueces doctores Kogan y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la cuestión planteada también por la negativa.

 

                Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

 

S E N T E N C I A

 

                Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas (art. 289, C.P.C.C.).

 

                El depósito previo de $ 25.000, efectuado a fs. 900, queda perdido para el recurrente (art. 294, C.P.C.C.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto Resol. 870/2002).

 

                Notifíquese y devuélvase.

 

lunes, 10 de noviembre de 2014

GUIA DE TRABAJO

En relación a los antecedentes y fundamentos que resultan de la resolución adoptada en orden a tener por operada la caducidad de instancia se propone la siguiente guía de trabajo:
1.-¿Por que razón si la parte actora, a través de su letrado, contesto la intimación prevista en el art. 315 del CPCC, se tuvo no obstante por operada la caducidad de la instancia?.-
2.-¿Es correcto lo resuelto en tal sentido por el Juez o debio adoptar una resolución diferente?.-
3.-¿Fue correcto el temperamento de regular honorarios en la misma resolución o debio diferir la regulación de honorarios para la oportunidad prevista por el art. 51 de la Ley 8904/77?.
4.-¿Es correcta la aplicación hecha del art. 23 de la Ley 8904/77 para fijar la base regulatoria?. Fundamente la respuesta con cita de la doctrina legal de la SCBJA sobre dicha norma arancelaria.-
5.-Redacte lo siguientes escritos: 5.1.) Recurso de apelación de honorarios respecto de la cuantia de los mismos; 5.2.) Recurso de apelación cuestionando la errónea aplicación del art.23 de la Ley 8904/77, con cita de la doctrina legal vigente de la SCJBA sobre dicha norma.-

PRACTICO SOBRE CADUCIDAD DE INSTANCIA Y HONORARIOS

En los autos caratulados "MALDONADO, Maria Fernanda vs. EMHSA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS" se tuvo por operada la caducidad de la instancia a tenor de la siguiente resolución:

Mar del Plata, 25 de junio de 2012.-

AUTOS Y VISTOS: Estos caratulados: "Maldonado María Fernanda y Otro c/ Emprendimientos Médicos Hospitalarios S.A. s/ Daños y Perjuicios" Expte. n°117126, traídos a despacho para resolver la caducidad de instancia planteada a fs. 200 y cuyo traslado cabe tener por no contestado a tenor de lo resuelto a fs.215/216.-

Y CONSIDERANDO

                La caducidad de instancia como modo anormal de la extinción del proceso se produce cuando la parte a quien incumbe la carga de impulsarlo no instare su curso durante el plazo determinado por la ley, siempre que aquél no estuviese pendiente de una resolución judicial y la demora en dictarla fuere imputable al Tribunal, o permaneciere inmovilizado por imposibilidad jurídica o de hecho de formular peticiones.- (S.C.B.A., DJBA v. 126 p. 384.).-

                La finalidad de la caducidad de la instancia no consiste en la necesidad de sancionar al litigante moroso, sino en la conveniencia de facilitar el dinámico y eficaz desarrollo de la actividad judicial, exonerando a los órganos jurisdiccionales de la obligación de custodiar y dirimir juicios que, por la pasividad o negligencia de las partes , devienen tales sólo en apariencia y perturban indebidamente la tarea tribunalicia, desvirtuando de esa suerte la verdadera función del proceso.- (S.C.B.A., Ac.y Sent.,1956 v. V, p.487).-

Constituyen presupuestos de la declaración de la caducidad los siguientes: a) la existencia de una instancia principal o incidental ; b) la inactividad procesal y c) el transcurso del tiempo. (Cam. 1ª, Sala III, La Plata , causa 138.919 , reg.int. 495/69).-

                Los plazos para la caducidad de la instancia comienzan a correr desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación del tribunal, que tuviese por objeto impulsar el procedimiento y vencen a la media noche del día en que se cumplen (art. 27 del C.C.).- ( S.C.B.A. , J.A., 194 v.I. p. 286).-

En relación a lo expuesto y teniendo en cuenta el caso puntual que nos ocupa, se advierte que desde la última actuación idónea para instar el proceso -resolución de fs. 1997- , hasta el pedimento de fs. 200 , han transcurrido el plazo previsto en el art. 310 inc. 3º del C.P.C. , resultando con ello procedente la caducidad de instancia impetrada por el accionado.-

Por lo demás, cabe agregar que ante la intimación cursada a fs.201 si bien se presentó el Dr. Diego Paganini en calidad de gestor, dicha intervención no ha sido ratificada en tiempo y forma, razón por la cual mediante resolución dictada a fs.215/216, que al presente se encuentra firme y consentida, se decidió la nulidad de lo actuado desde fs.196 y se propagó sus efectos en relación a las presentaciones de fs.198 y 202 y las resoluciones dictadas en su consecuencia, antecedente éste del que se deja constancia atento tener íntima vinculación con la caducidad que por la presente se decide.

                Por todo lo expuesto y lo dispuesto en el art. 161 del C.P.C. RESUELVO: 1°) Hacer lugar al pedido de caducidad de instancia impetrado a fs. 200 (arts. 310, inc. 3º , 311 y concs. del C.P.C.-). 2°) Imponer las costas a la parte actora, dado su condición de vencida (art. 68 del C.P.C.)-3°)En cuanto a la regulación de honorarios, cabe señalar que cuando el proceso concluye por caducidad de instancia (arts. 310 y sigs. del C.P.C.C.) se registra un supuesto asimilable a aquél en que la demanda es íntegramente rechazada, resultando de aplicación, a los fines de la determinación de los honorarios profesionales, lo dispuesto en el artículo 23, 2° párrafo, de la ley 8904, en tanto que el escrito acusando la misma debe considerarse comprendido dentro de los previstos por el art. 28 inc. b de la ley 8904, pues hace al trámite del proceso principal (CC0102 MP 99714 RSI-101-97 I 4-5-1997 ).En base a tales parámetros, tomando como base el monto de la demanda consignado a fs.42 vta. que asciende a la suma de $301.500, y teniendo en cuenta que el suscripto debe fijar los honorarios por la totalidad de lo actuado, siempre que éstos no superen el 33% del valor en juego (Fallos 237-292; 253-456; 266-171; 265-227; E.D. 69-440; CC03MP, causa nro. 146384, rgtro. n° 129, F° 167/168 del 31.08.2010; arts. 12 y 14 de la ley 6716) y teniendo en cuenta las etapas previstas en el art.28 de la ley 8904, se regulan los honorarios Dr. Mauro Benito y los del Dr. Diego Paganini 23.313.502, ambos letrados patrocinantes de los actores, en la suma de PESOS Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos ($8.442,=) para cada uno; los del Dr. Ricardo D'Ottavio (DNI 7.835.650) y los de la Dra. Alicia LLorca (DNI 21.946.658), ambos letrados apoderados de la demandada Emprendimientos Médicos Hospitalarios S.A., en la suma de PESOS Diez Mil Quinientos Cincuenta y Dos  ($ 10.552,=)para cada uno; los de la Dra. Ana María Reutemann (DNI 14.394.337), letrada patrocinante del demandado Leopoldo Aurelio Puente, en la suma de Pesos Veintiún Mil Ciento Cinco ($21.105,=)y los del Dr. Pablo Luna (DNI 21.448.528), letrado apoderado de Noble S.A. Aseguradora de Responsabilidad Profesional, en la suma de Pesos Veinticuatro Mil Ciento Veinte ($24.120,=)(arts. 13, 14, 15, 16, 21, 22, 26 y 28 de la Ley 8904), con más los aportes de la ley 6716 e Iva en el caso de tratarse de profesionales inscriptos en tal impuesto (arts. 3 inc. e, 10, 11, 37 y 38 de la ley 23349 modif. por ley 23871).
                Por la incidencia de fs. 215/216, tomando en consideración la misma base, se regulan los honorarios del Dr. Pablo Luna (DNI 21.448.528), letrado apoderado de Noble S.A. Aseguradora de Responsabilidad Profesional, en la suma de PESOS Cuatro Mil Quinientos Veintidos con Cincuenta Ctvos. ($4.522,50) con más los aportes de la ley 6716 e Iva en el caso de tratarse de profesional inscripto en tal impuesto (arts. 3 inc. e, 10, 11, 37 y 38 de la ley 23349 modif. por ley 23871), dejándose constancia que respecto a dicha incidencia no se le regulan honorarios al Dr. Diego Paganini, en tanto dicho profesional ha sido condenado en costas(art.12 de la ley 8904). NOTIFIQUESE.- REGISTRESE.- Atento el número de fojas reunidas y teniendo en cuenta lo dispuesto por la Acordada de la S.C.J.B.A. Nro. 2514/92, art. 23, fórmese a partir de fs.200, 2°CUERPO, dejándose debida constancia de dicha circunstancia.-

 

 

 

lunes, 27 de octubre de 2014

TEXTO SENTENCIA PARA TRABAJO PRACTICO


   

 

 

 

 

 

Mar del Plata,15 Mayo de 2009.

VISTOS: estos autos caratulados: GUTIERREZ GUIDO SPANO, MIGUEL C/ EDITORIAL LA CAPITAL SA Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Exp. N° 100.783, traídos a despacho para dictar sentencia, y de los que;

RESULTA: que a fs. 67/83 se presenta el actor promoviendo demanda de resarcimiento de daños y perjuicios contra los accionados por la suma de $ 50.000. Reclama asimismo la publicación de la sentencia de condena.

Manifiesta que fue presidente del directorio de la sociedad Empresa Hotelera Americana SA, concesionaria del Hotel Provincial, hasta el 31/1/96, fecha en que presentó su renuncia al cargo, la que fuera aceptada en el mismo acto.

Expresa que durante ese período fue objeto de una campaña de desprestigio personal dirigida desde las columnas del diario "La Capital" de esta ciudad, dando informaciones inexactas o tergiversando datos. Todo ello dio motivo a un proceso por daños y perjuicios que finalizó con una condena al pago de una suma de dinero y la publicación del texto de la sentencia. Respecto a este ltimo ítem la accionada fue intimada a su efectivización dentro de un plazo que vencía el 20/6/99.

En esa época coincidía con el conflicto que mantenía el actor con la Provincia de Buenos Aires, concedente del hotel, cobrando estado p blico el desalojo del establecimiento.

El día en que operaba el vencimiento, el diario publica un artículo que se titulaba "Penoso legado deja el Hotel Provincial", y en el que se refería en términos injuriosos a su persona, atribuyendo una deuda millonaria con Obras Sanitarias que la concesionaria había dejado al retirarse.

Todo ello seg n manifestaciones del Sr. Marcelo Lopez, titular del OSSE en esa época, quien expresa que la regularización de los pagos comienza con el desalojo del actor de la concesión y la asunción por parte del estado provincial.

Entiende que esa información es errónea y tendenciosa. Errónea porque a esa fecha no era concesionario del hotel sino la empresa mencionada, de cuya dirección y representación se había desvinculado. Y tendenciosa porque al señalar que el actor había sido "desalojado", entiende que esa terminología implica una clara connotación negativa en la opinión p blica. Agrega que por la forma en que se presentaba la noticia, se ponía en evidencia que era el actor quien había generado esa supuesta deuda millonaria.

Manifiesta que además, y seg n dichos de Carlos Brown, por entonces a cargo del Ministerio de la Producción, y siempre relacionado con el tema de la deuda, habría este manifestado que "...Gutierrez Guido Spano hizo del incumplimiento un estilo de vida...", presentando al demandante como un deudor consuetudinario.

Recién al día siguiente, 21/6/99, se publica la sentencia bajo el título "Fallo judicial sobre información relativa a empresario", y con letras más chicas que el titular del día anterior.

Cuestiona el título por entender que no representa el contenido ni a quien alude. Agrega que la publicación comienza en primera plana pero luego se remite al interior del diario y a una página equivocada.

El 25/6/99 aparece un nuevo artículo en el diario bajo el título "Quedan deudas millonarias impagas", y en el que se refiere a un deuda que había encontrado la empresa de gas Camuzzi, la que se dice que ubicó al titular de la concesionaria del hotel, el actor, que habría reconocido la deuda y solicitado un plan de financiación. Cuestiona que se lo involucre personalmente cuando ya no tenía responsabilidad en la empresa.

Manifiesta que en su momento promovió un trámite de diligencias preliminares donde se le reclamó al citado Dr. Brown que se expida sobre la veracidad de las precedentes afirmaciones, presentando este un escrito donde negaba haber emitido concepto alguno u opinión relativa al tema. Concluye en que los demandados han vuelto a reincidir en su inconducta, lo que motiva esta demanda.

Se refiere luego al encuadre jurídico del tema, cita el art. 1089 del CC, doctrina y jurisprudencia relativa al punto, como los casos de la CSJN "Campillay" y "Bruno". Destaca que se trata de una conducta reiterada, y entiende que ello debe llevar a un incremento en la indemnización.

Alude luego a la envergadura económica de los accionados, y reclama también la publicación de la sentencia. Ofrece su prueba y solicita que oportunamente se haga lugar a la demanda.

A fs. 90 se corre traslado de la acción instaurada, la que se contesta a fs. 132/147 por ambos codemandados. Manifiestan que a su juicio es necesario deslindar la anterior causa de la presente porque se trata de dos cuestiones independientes, y de esa manera deben tratarse. Niegan que se hayan propalado especies injuriosas a través de los artículos publicados en el diario "La Capital".

Se reconoce la publicación del primer artículo del 20/6/99, pero desconocen, por no constarles, que a esa fecha el actor hubiera renunciado a la presidencia del directorio de la empresa concesionaria del hotel.

Expresan que el artículo siempre se refiere al adjudicatario y que la mención del actor es de terceros ajenos al diario.

Agregan que la "exceptio veritatis" prevista en el art. 1089 del CC, aunque limitada a los casos puntuales por el art. 111 del CP, debe ser admitida en el caso porque se trata de un asunto de interés p blico. Ello llevará a demostrar el estado económico en que se devolvió el hotel, quedando dispensado el accionado por esta imputación.

En lo que hace a las manifestaciones del Sr. Lopez resulta claro que se esta revelando la fuente de la información, persona p blica y titular del organismo Obras Sanitarias. Además de la posibilidad de verificar sus dichos.

Cita el caso "Campillay", entre otros de la CSJN, así como la doctrina de la "real malicia", y doctrina nacional.

En lo que hace a las manifestaciones del entonces ministro Carlos Brown resalta lo que denomina la anemia probatoria al respecto, ya que lo nico que se aporta es la declaración jurada del citado, desconociendo la emisión de esas opiniones.

Destaca que sostener lo contrario hubiera significado ser traído al proceso civil o querellado ante la justicia penal.

Al margen de que no pudo la demandada controlar las diligencias preliminares, de todos modos entiende que es desvirtuable dicha negativa con las publicaciones de la época en las que el ministro se refiere al actor en relación al conflicto suscitado por el Hotel Provincial.

Y cita el diario "El Día" de la ciudad de La Plata que transcribe parcialmente, y luego los diarios "Clarín" y "La Nación" de la capital, todas fuentes recogidas a través de internet.

Destaca que todos los medios se refieren a la empresa adjudicataria como al actor en forma indistinta, pese a la supuesta renuncia a la presidencia del directorio.

Y agrega que en todas el medio periodístico se refiere a declaraciones de Brown sobre el actor, no en términos similares, pero al menos dan crédito a la versión sostenida por su parte.

Luego ingresa en el aspecto subjetivo y entiende que debe probarse el dolo, descartando con cita doctrinaria el dolo eventual e incluso la culpa con representación.

Se refiere a continuación al artículo publicado el 25/6/99 donde se pone de manifiesto la deuda impaga con la empresa de gas. Aduce que en esta se refiere al actor no en forma personal sino como titular de la empresa. Y agrega que se probará la verdad de la afirmación.

Cuestiona el daño moral reclamado y que se le atribuya un valor al mismo en función del juicio antecedente. Ofrece su prueba y solicita el rechazo de la demanda.

A fs. 103 se abre a prueba el presente juicio, certificándose el vencimiento de su término a fs. 508. A fs. 538 se llaman autos para sentencia, providencia que se encuentra firme.

Y CONSIDERANDO:

I. Responsabilidad.

Como toda acción de daños por la que se reclama en el ámbito de la esfera de la responsabilidad extracontractual, como el caso de autos, es menester acreditar, para que la misma proceda, que se ha sufrido un daño, que este es atribuible a un sujeto a título de culpa o dolo, que este con su conducta viola una norma, y que existe una relación de causalidad entre la conducta del sujeto y el daño sufrido por la víctima (daño, autoría, imputabilidad, antijuridicidad, relación causal).

La actora manifiesta sentirse agraviada por las injurias cometidas en su contra a través del medio periodístico cuya propiedad pertenece a la empresa coaccionada, y que es dirigida por el otro codemandado.

La demandada reconoce haber efectuado las publicaciones, aunque niega que de ellas surjan las injurias que se le imputan. Discute asimismo las cuestiones relativas al daño, la imputabilidad y la antijuridicidad.

Debe recordarse que "...Para que pueda tenerse por configurada la ocurrencia de una injuria o expresión agraviante, no existe un criterio estricto o matemático. Para determinar si el agravio ha existido, o que expresiones lo configuran, no es posible recurrir a una definición objetiva del mismo, ya que el concepto puede variar en relación a las características del sujeto pasivo del mismo o las circunstancias de modo, medios y ocasión en que las manifestaciones tuvieron lugar..." (CCiv. y Com. 2da., LP, Sala II, Causa B 80262, del 27/4/95, JUBA B300287).

Así, se entiende que las expresiones vertidas por la demandada supuestamente han agredido el honor de la actora, bien jurídico tutelado, y por él se entiende "...la dignidad personal reflejada en la consideración de los terceros y en el sentimiento de la persona misma..." (Belluscio, Zanoni y otros, Cód. Civ. Anotado, Ed. Astrea, 1990, T. 5, pág. 242).

En el caso, las supuestas injurias han sido propaladas por la prensa, lo que implica ambos supuestos, y como se verá a medida que se vayan desarrollando los distintos puntos, tiene sus especiales características.

A juicio del suscripto son tres las injurias que se imputan a la accionada en la demanda. Los dichos de Lopez -titular del OSSE- relativos al desalojo del hotel y la regularización de deuda una vez ocurrido el retiro; los supuestos dichos de Brown; y la deuda con Camuzzi.

a) Primer hecho. Los dichos de Lopez.

Con relación al primero, dice la actora que el día 20/6/99 el diario "La Capital" publica una noticia con el título "Penoso legado deja el Hotel Provincial", y en el que se refería en términos injuriosos a su persona, atribuyendo una deuda millonaria con Obras Sanitarias que la concesionaria había dejado al retirarse, la que se regulariza recién luego del desalojo.

Todo ello seg n manifestaciones del Sr. Marcelo Lopez, titular de OSSE en esa época, quien expresa que la regularización de los pagos comienza con el desalojo del actor de la concesión, y la asunción del estado provincial.

Entiende que esa información es errónea y tendenciosa. Errónea porque a esa fecha no era concesionario del hotel sino la empresa mencionada, de cuya dirección y representación se había desvinculado. Y tendenciosa porque al señalar que el actor había sido "desalojado", considera que esa terminología implica una clara connotación negativa en la opinión p blica. Agrega que por la forma en que se presentaba la noticia, se ponía en evidencia que era el actor quien había generado esa supuesta deuda millonaria.

El primer obstáculo que encuentra la demandante en este punto es la relativa a la diferencia entre su persona y la empresa adjudicataria, a cuya presidencia del directorio había renunciado tres años antes, conforme se expone en la demanda y surge del oficio que contestara el Juzgado Federal n° 1 de esta ciudad, acompañando copia del acta n° 25 del 31/1/96 (fs. 185/6).

Dos son los temas que subyacen en el planteo. El primero es la diferencia entre el sujeto actor y la empresa que dirigía. Otra es que, a la fecha de las publicaciones, seg n afirma, ya no la dirigía.

No hay dudas que el actor y la empresa adjudicataria de la concesión del Hotel Provincial son dos sujetos de derechos distintos, pero no se trata de esa cuestión.

La identificación entre ambos no es novedosa en empresas dirigidas con un fuerte acento personal como parece ser el caso de la concesionaria del hotel y el actor -no otra cosa puede decirse de los demandados-.

Pero dicha identificación lleva a una simplificación de la forma en que se expresan la mayoría de los medios informativos. Esto es, fruto de esa identificación se habla de la empresa y su titular en forma indistinta.

Así, surge que no sólo la demandada que edita el diario "La Capital" informa de esa manera, sino que también lo hacen "El Día" de la ciudad de La Plata, "Clarín" y "La Nación" de la ciudad de Buenos Aires, conforme surge de las copias de fs. 110/119 extraídas de las direcciones de internet de los periódicos mencionados, que resultan fácilmente verificables consultando las mismas.

En virtud del fácil control al que se alude en el párrafo precedente, la negación de dicha documental que efect a la actora a fs. 162 en los términos del art. 354 inc. 1 del CPC resulta irrelevante, lo que lleva a tenerla por cierta.

Así, por ejemplo, en la edición del día 6/12/98 del diario "El Día" (fs. 110) aparece el actor refiriendose al conflicto con el estado provincial, lo que no sólo parece desmentir la renuncia invocada, sino que incluso no se refiere al tema como representante de la empresa concesionaria sino como si él mismo fuera el concesionario. Lo mismo cabe decir de las declaraciones vertidas por el actor al diario "Clarín" (fs. 116), y "La Nación" (fs. 118).

Lo expuesto sirve para remarcar que a n cuando no se pueda afirmar que de esa forma se expide el actor en declaraciones periodísticas, al menos se puede afirmar que los medios periodísticos identifican el sujeto y la empresa, y así trasladan al p blico la noticia.

Como sea, reconocido por el actor que este fuera el presidente del directorio al menos hasta esa fecha, conforme surge del oficio de fs. 337 que contestara la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, nunca fueron inscriptas y registradas ninguna modificación del directorio o su presidencia desde la ltima, ocurrido el 15/02/90.

Por lo tanto, en los términos de lo normado por los arts. 12, 58, 60 y concs. de la ley 19.550, que obliga a la inscripción y publicación de las designaciones y cesaciones de los administradores, esta renuncia formal a la dirección de la sociedad no puede serle opuesta a los terceros, como son los demandados.

En este sentido cabe citar que "...La sanción por falta de inscripción en los registros correspondientes es la inoponibilidad a los terceros del acto de la designación o de la cesación de administradores..." (CCiv. y Com. MP, Sala II, Causa 90219, 22/2/94, JUBA B1400859; en el mismo sentido: CCiv. y Com. QL, Sala II, Causa 1080, 17/7/97, JUBA B2950247).

No puede invocar frente a terceros una renuncia a la dirección de la empresa cuando esta no fue registrada ni publicada. Y no puede criticar una identificación entre persona y empresa cuando el mismo actor -segun otras publicaciones periodísticas- se refiere a cuestiones de la empresa como propias.

Descartado el error, cabe expedirse respecto a la supuesta forma tendenciosa que el demandante encuentra en los términos "desalojado", y en la denuncia de supuestas deudas con OSSE que se encuentran cuando su empresa se retira de la concesión, todo seg n dichos atribuídos al titular de la mencionada empresa.

En este punto es menester recordar la doctrina "Campillay" que sienta la CSJN en ese fallo cuando expresa que "...un enfoque adecuado a la seriedad que

debe privar en la misión de difundir noticias que puedan rozar la reputación de las personas -admitida la imposibilidad práctica de verificar su exactitud- imponía propalar la información atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente, utilizando un tiempo de verbo potencial o dejando en reserva la identidad de los implicados en el hecho ilícito,..." (CSJN, Campillay, Julio C. c/ La Razón y otros, Causa 84.951, 15/5/86, La Ley, 1986-C, págs. 411 y sgts.).

El fallo tiene dos vertientes para aplicar al caso de autos. La primera se refiere a la posibilidad o no de verificar la exactitud de la información.

Como se verá, el tema se vincula al tipo de noticia propalada. Si se trata de hechos, la posibilidad de su verificación será más o menos cierta, pero si se trata de la trasmisión de ideas u opiniones, la imposibilidad parece evidente.

Y distinto, pero vinculado a ello, es el tema de la imposibilidad jurídica de verificar la información.

El art. 1089 admite la prueba de la verdad de los hechos imputados, pero la doctrina limita su aplicación en el caso de las injurias, y con fundamento en el art. 19 de la CN y la imposibilidad de investigar acciones privadas, a las situaciones previstas en el art. 111 del Cód. Penal (Zanoni, Belluscio y otros, Cód. Civ. Com., Anot., Conc., Ed. Astrea, 1990, T. 5, pág. 246 y sgts.).

El primer inciso de ese artículo admite la prueba de la verdad cuando existe un interés p blico a defender. Y cuando se "...alude a "interés p blico", fundamentalmente se refiere a la utilidad de todo el pueblo o de todos los componentes de un grupo social, y ello esencialmente en vinculación con el interés jurídico del Estado, visto todo ello por oposición con un interés más o menos generalizado pero sólo de personas o asociaciones (Cám., Nac. Crim. y Corr., Sala VI, 8 de febrero 1991, ED, 141-769)..." (citado por Ossorio y Florit M., Cód. Penal..., Ed. Universidad, 2007, pág. 295).

En opinión del suscripto, se trata el interés publico del opuesto al privado como pueden ser cuestiones relativas a la intimidad.

Y el Hotel Provincial es de tal interés publico que prácticamente el inmueble es una postal de la ciudad. Ello al margen de que es propiedad del Estado Provincial, quien lo había otorgado en concesión a la empresa que dirigía el actor. Todo ello permite encuadrar el tema en la citada norma y admitir en el caso la prueba de la verdad de lo dicho.

Ahora bien, sin perjuicio de que el término "desalojado", o la imputación de la calidad de deudor no necesariamente implican una injuria, pero pudieran serlo "...en relación a las características del sujeto pasivo del mismo o las circunstancias de modo, medios y ocasión en que las manifestaciones tuvieron lugar...", como se expresa al inicio de estos considerandos, en el caso de autos se trata de hechos totalmente ciertos, lo que libera la responsabilidad del demandado.

En efecto, sin perjuicio de que la causa completa esta agregada por cuerda de la presente, obra a fs. 192/220 oficio contestado por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, en el que se acompañan copias certificadas de la sentencia dictada en la causa que le siguiera el Fisco Provincial a la empresa concesionaria, donde se ordenara el desalojo del Hotel Provincial, y constancias de haber hecho efectiva dicha orden.

Por lo tanto, el concesionario fue "desalojado", a n aceptando la connotación negativa que pueda tener el término, como se afirma en la demanda.

La otra cuestión se refiere a la supuesta deuda con OSSE, que se comienza a regularizar, seg n surge del la nota periodística, cuando el Estado Provincial se hace cargo del inmueble.

Surge del oficio que OSSE contesta a fs. 355, seg n constancias que se agregan a fs. 339/354, que el hotel llevaba tres cuentas, pero que en todas ellas, y más allá de algunos pagos mínimos, el grueso de la deuda, que seg n sus montos debe ser calificada como millonaria, se origina en el período que va hasta el mes de abril de 1998 -que coincide con la concesión a cargo de la empresa que dirigía el demandado- en tanto que disminuye notablemente por el período siguiente que va desde esa fecha a los años 2005 y 2006.

Por lo tanto, debe concluirse en que al retirarse el concesionario se regularizaron los pagos con OSSE, lo que no es más que lo que surge del artículo periodístico. Se prueba la verdad de la afirmación y se excluye la responsabilidad del medio. El otro tema que surge del fallo "Campillay" es la atribución de los dichos a un fuente determinada.

A diferencia de las manifestaciones que el diario atribuye a Carlos Brown -tema que se tratará más adelante- nada ha dicho la actora respecto a esta circunstancia. Esto es, no ha desconocido que las declaraciones que en el artículo se atribuyen a Marcelo lopez, titular del OSSE a esa época, no sean de la autoría de dicho funcionario.

Por lo tanto, la fuente de dichas declaraciones debe ser tenida por cierta, esto es emitida por quien la nota afirma que fueron expresadas, y por ende el caso encuadra claramente en el primer supuesto de la doctrina "Campillay", indicación de la fuente, con lo que también por este camino se excluye la responsabilidad del medio periodístico demandado.

b) Segundo hecho. Los supuestos dichos de Brown.

Distinta es la cuestión relativa a los supuestos dichos de Carlos Brown, en esa época Ministro de la Producción provincial.

Dice la nota periodística que este funcionario habría expresado que el actor "...hizo del incumplimiento un estilo de vida..." (copia a fs. 18 de la Causa n° 92.182, sobre Diligencias Preliminares).

En principio es menester distinguir estas manifestaciones de las que se atribuyen a Lopez. Aquel se refiere a hechos concretos: un desalojo, una deuda. Esta es la calificación de la conducta de un sujeto durante toda su vida.

Más que una calificación cabe decir que es una descalificación. No se trata del incumplimiento del contrato administrativo de concesión del Hotel Provincial en la fecha de entrega o en el pago de un servicio, hechos que como se anticipara, pueden no ser merecedores del encuadre de la injuria, pero que son verificables con relativa facilidad.

Se imputa una supuesta serie de incumplimientos ocurridos a lo largo de una vida que llevan a colocar al sujeto en una categoría deleznable, poseedor de una ética inconsistente, perecedera, insustancial.

En este estado es menester detenerse sobre el tema relativo a qué es lo que se comunica, y sus diferentes vertientes, que merecen distintos tratamientos.

Así se dice que "...El soporte de la noticia es siempre un acontecimiento, o sea, algo que ocurre o sucede de una manera singular,...Debe advertirse que no sólo son comunicables los hechos, sino también las ideas y las opiniones o juicios..." (Pizarro, R. D., Responsabilidad Civil de los medios de comunicación", Hammurabi - Jose Luis Depalma # Editor, 1999, pág. 207).

Y que "...Los deberes de exactitud y veracidad son predicables de las informaciones que se refieran a la difusión de hechos, pero se diluyen a medida que nos acercamos al campo de las opiniones e ideas..." (Pizarro, ob. cit., pág. 219).

A diferencia del caso anterior -los dichos de Lopez-, donde se imputan hechos fácilmente verificables - desalojo, falta de pago-, aquí se emite un juicio de valor, por lo que difícilmente la prueba de la verdad prevista en el citado art. 1089 del CC permita excluir la responsabilidad del periódico emisor.

Sin perjuicio de ello, la nota se cita claramente la fuente, lo que lleva a la exclusión de responsabilidad con fundamento en el caso "Campillay".

Pero la actora tramitó unas Diligencias Preliminares en este juzgado, bajo el n° 92.182, en el que la fuente, el Dr. Carlos Brown, en esa época Ministro de la Producción provincial, declaró bajo juramento que nunca emitió un concepto u opinión en el sentido que falazmente se le imputa en la nota (fs. 47 de la citada causa).

En este punto entiende el suscripto que es menester detenerse sobre el aspecto imputabilidad y carga de la prueba.

Coincide el suscripto con el criterio en virtud del cual no son aplicables al caso las reglas de la responsabilidad objetiva sino subjetiva. Y "...En el caso concreto del ejercicio de la libertad de prensa, la imputabilidad subjetiva requiere la determinación del contenido ideológico del acto por su autor, con la graduación resultante de un comportamiento doloso o culposo. No puede haber responsabilidad para quien ejerce la libertad de prensa o para la empresa periodística si el autor del acto lesivo no obró con dolo o culpa. Dolo o culpa que no se presumen sino que deben ser objeto de una fehaciente acreditación..." (Badeni, Gregorio, Tratado de la libertad de prensa, Ed. Abeledo Perrot, 2002, pág. 515).

Y mas adelante, con cita jurisprudencial se agrega que "...El derecho de informar no escapa al sistema general de responsabilidad por daños que su ejercicio pueda causar a terceros, por tanto, si la información es lesiva al honor, el órgano de difusión debe responder por el perjuicio moral causado; en tal caso, quien pretenda el resarcimiento debe demostrar la culpa o negligencia en que incurrió el informador..."(Badeni, G., ob.cit., pág. 515).

No comparte en cambio el firmante la opinión del citado autor que, al indicar los extremos para aplicar la doctrina de la "real malicia" -y para el caso de que se considere que es aplicable al presente supuesto- prescribe que el órgano de prensa sólo responde ante el dolo simple o eventual, y no la culpa (ob. cit., pág. 669).

Y ello porque en el sistema de imputabilidad de nuestro ordenamiento jurídico, ambas categorías existen y no hay elementos que justifiquen su limitación en el caso de la libertad de prensa.

Ni siquiera con fundamento en la defensa de esta importante garantía de jerarquía constitucional (art. 14 del la CN), y por más alcance que se le quiera dar, como a cualquier derecho que consagra nuestra norma fundamental, nunca debe ser interpretado o reconocido con carácter absoluto, ya que todos ésta sometidos a limitaciones indispensables para el orden social (SCBA, Ac. 34592, JUBA B5153).

Es que "...La doctrina de la real malicia, aplicable a los casos de funcionarios p blicos y figuras p blicas en asuntos de interés general, en cuanto afirma que el demandante en juicio civil o penal debe probar que el medio periodístico demandado difundió la noticia con conocimiento de que era falsa o con absoluta despreocupación de si era o no cierta, implica introducir un factor de atribución de responsabilidad específico, distinto y cualificado respecto del general contemplado en las normas vigentes de la legislación de fondo, para el cual basta la simple culpa..." (del voto del Dr. Vazquez, CS, 2/4/98, "Rudaz Bissón , Juna c/ Editorial Chaco S.A.", FANA 9584).

Y además, "...Todos los derechos -entre ellos el de la libertad de prensa- remiten a la dignidad humana que es su presupuesto. Por ello, la libertad de prensa no se concibe de manera absoluta en virtud del rango constitucional que también tienen otros derechos esenciales: personalidad, honor, dignidad, intimidad, propiedad, etc..." (SCBA, Ac. n° 79369, del 1/4/04, JUBA B27230).

Yendo al fondo del asunto, la actora ha dado por ciertas las manifestaciones del supuesto emisor, y con ello decidió demandar a la empresa periodística.

Coincido con la demandada en que la declaración jurada de Brown negando sus supuestos dichos es insuficiente a los efectos de probar la veracidad o no de la declaración.

Sobre todo porque dicha diligencia preliminar es deducida con el expreso alcance de determinar el verdadero origen de la declaración, ya que ello implica visualizar al responsable.

Así, dice el actor en el escrito de inicio de dicho trámite que "..., de lo que se trata es de establecer el o los legitimados pasivos de la futura demanda de daños y perjuicios...". Y más adelante "...La determinación de dichas circunstancias resulta vital a los fines de una acción que, como la prevista en el artículo 1089 del Código Civil, sólo puede ir dirigida contra quien es el autor de la calumnia o injuria la que por haber sido cometida a través de una publicación periodística como es el diario La Capital, o bien es obra de la persona a quien se le atribuye la opinión transcripta, o bien es obra del editor responsable..." (fs. 24vta./25, escrito de iniciación, Diligencias Preliminares, Causa n° 92.182).

Como fácilmente se advierte, si Brown reconocía ser autor de esas declaraciones hubiera sido el legitimado pasivo de esta acción, como lo anunciaba la actora, y su denegatoria puede deberse al mero intento de quedar excluído del juicio, por lo que el valor probatorio de la veracidad de su declaración jurada es al menos discutible (arg. art. 384 del CPC).

No hay otras prueba producidas en la causa al respecto. La actora ofreció la declaración testimonial de Brown (demanda, fs. 80), pero luego desiste de dicha prueba (fs. 506).

La demandada no ofrece pruebas al respecto, salvo la mención de que el sujeto habría efectuado declaraciones similares en otras publicaciones como los diarios "El Día", "Clarín" y "La Nación" (fs. 110/119), que transcribe en la contestación (fs. 141/3), y a las que ya me hube de referir.

Más allá de coincidir con la demandada en que esas declaraciones responden y guardan cierta coherencia con el contexto de esa época en que la empresa que dirigía el actor se retiraba de la concesión del Hotel Provincial, no tienen el mismo valor.

En efecto, a n aceptando que son ciertas dichas expresiones -no las publicaciones sino que efectivamente fueron dichas por quien allí se menciona, sobre lo que tampoco hay prueba-, no es lo mismo decir que el actor incumple un contrato a que es un incumplidor.

En efecto, cuando se afirma que la empresa que dirige el demandante ha degradado el edificio, que no paga impuestos, ni el canon, ni los aportes jubilatorios de sus empleados -que no es más que el incumplimiento del contrato de concesión del hotel: un hecho verificable-, y más allá el festejo que conlleve el retiro, se apunta a un incumplimiento. Pero la expresión en tratamiento implica una descalificación de la vida del actor, presentandola como una sucesión de incumplimientos, y es por ello por lo que se demanda.

La distinción entre hechos, ideas y opiniones, a la hora de analizar la responsabilidad de la prensa que las propala, y a la que se refiriera el suscripto precedentemente, se aplica en esta situación.

Las opiniones y los juicios de valor implican un mayor celo y un mayor cuidado por parte de la prensa. La prueba de la verdad difícilmente pueda excluir la responsabilidad, y esto lleva a analizar la cuestión con otro parámetro.

Como se anticipara, la carga de la prueba pesa sobre la actora -también la de la veracidad de la emisión de la declaración del juicio de valor por el sujeto a quien se le atribuye- (art. 375 del CPC). Pero hay situaciones en que es la contraria la que debe hacer su aporte al respecto.

En efecto, se ha dicho que "...Las cargas probatorias dinámicas indican que incumbe tal carga a quien por circunstancias del caso, y sin que interese que se desempeñe como actora o demandada, se encuentre en mejores condiciones de producir la probanza respectiva..." (CCiv. y Com. MP, Causa n° 104291, 18/11/97, JUBA B1402214).

Se trata de situaciones similares a las de la mala práctica médica, en que es el profesional quien más elementos puede aportar, lo que lleva a considerar inaceptable una actitud pasiva.

Así, "...Opera en esta situación el "deber de colaboración" del galeno, por lo que su actitud en el proceso no puede limitarse a una mera negativa, tiene que "colaborar" en el esclarecimiento de la verdad..." (SCBA, Ac. 55.133 del 22/8/95).

En situaciones como las del caso de autos no hay dudas que la prensa puede acreditar fácilmente con una grabación fonográfica o videográfica la veracidad de una declaración. Y más a n teniendo en cuenta que no se trata de la propalación de hechos o ideas, sino de una opinión, un juicio de valor, que es además descalificante respecto a un tercero.

Entiendo que la teoría de las cargas probatorias dinámicas o el deber de colaboración llevan en supuestos como el presente a exigir del medio periodístico una carga más que las habituales, esto es, a contar con la prueba de la veracidad de la fuente de la declaración que publican.

De lo contrario, y si por los motivos que fuera no la tienen, considero que debe el medio periodístico abstenerse de publicarla. Se trata de una cuestión de prudencia. De sopesar la libertad de prensa con el derecho al honor, ambos valores defendibles.

Soluciones similares parecen surgir del citado caso "Campillay". Allí la CSJN decidió que la seriedad y prudencia que deben privar al difundir noticias exigen que se atribuya directamente el contenido a una fuente, que se hable en tiempo potencial, o que se reserve la identidad de los implicados.

Esto es, si por ejemplo se quiere preservar la fuente, debe el medio periodístico abstenerse de identificar al involucrado, a riesgo de asumir la responsabilidad por los daños que surjan de la publicación.

En el caso de autos, si se va a propalar una opinión o juicio de valor descalificante, el medio debe contar con la prueba que le permite acreditar la veracidad del origen de los dichos, lo que llevará a excluir su responsabilidad y atribuirla al emisor.

Si no tiene como acreditar el origen de la emisión, entiendo que debe abstenerse de publicarla, a riesgo de asumir dicha responsabilidad.

Concluyo en que por este hecho la demandada debe responder, pero no a título de dolo, como parece imputar la actora, sino de culpa.

En efecto, no puede entenderse que por este solo hecho se tenga por acreditada la supuesta campaña de desprestigio que el actor imputa en la demanda con fundamento en los que describe ahora -y que no se receptan- y los que surgen del la causa precedente sobre daños que tramitara ante el Juzgado Civil y Comercial n° 9 Departamental, y que obra por cuerda.

Entiendo que el tema encuadra en la negligencia (art. 512 del CC). Cabe afirmar, como se anticipara, que el firmante considera que se responde por el dolo o culpa, y ello implica no adherir a quien considera que la responsabilidad es objetiva (Pizarro, R.D., ob cit., pags. 383 y sgts.), o sólo se responde por el dolo, conforme doctrina que cita la demandada.

Y en virtud de ello, por este hecho los demandados responden en los términos de la demanda, conforme evaluación que se hará más adelante.

c) Tercer hecho. La deuda con Camuzzi.

Valen para este tema -nota publicada en el diario de la demandada con fecha 25/6/99-, y con algunas salvedades, los mismos fundamentos vertidos en ocasión de analizar el primer hecho.

En principio se advierte que se diferencia claramente el concesionario del actor, a quien se sindica como titular del mismo. En este caso valen los argumentos volcados con relación a la inoponibilidad frente a terceros de la renuncia al cargo de presidente del directorio, no inscripta, y que fuera invocada en la demanda.

La reserva de identidad de la fuente de la información, esto es, la persona de la empresa de gas que supuestamente aporta la noticia del reconocimiento de la deuda y solicitud de un plan de financiación, aleja el tema del caso "Campillay", que exige identificación, expresión potencial o reserva del implicado.

Pero la prueba de la verdad de lo publicado, aplicable al caso por prescripción de las normas de los arts. 1089 del CC y 111 del CP, su jurisprudencia y doctrina ya citados, llevan a concluir en la veracidad de dicha información.

En efecto, surge del oficio de fs. 308 y otro similar de fs. 371, que por dos cuentas que corresponden a la empresa concesionaria del hotel se registra deuda que informan por el importe y los períodos de Noviembre y Diciembre de 1998, como indica la nota periodística, sin liquidar accesorios por mora. Esto es, deuda pendiente de cuando a n la concesionaria que dirigía el actor estaba a cargo del hotel.

Con lo que, y dada la veracidad de lo publicado, cabe concluir en la exclusión de responsabilidad por la imputación de este hecho.

d) El juicio de daños previo.

A lo largo de su demanda constantemente el accionante se refiere al juicio antecedente, por lo que cabe expedirse sobre dicha cuestión.

En principio cabe afirmar que toda queja respecto a la forma en que fuera publicado el fallo dictado en la causa seguida entre las mismas partes en el Juzgado Civil y Comercial N° 9 y que tramitara en dicha sede bajo el N° 50.456, debe ser planteado ante el titular de dicho órgano.

Y ello es así porque la publicación de la sentencia forma parte de la parte dispositiva de la misma, y por ende debe ser objeto del trámite de la ejecución de la sentencia allí dictada, y las normas de los arts. 6 inc. 1° y 497 y concs. del CPC, llevan a tener a dicho magistrado -y no el suscripto- como competente para esos temas.

Ello es así salvo que la publicación de la sentencia -y todo lo que rodea a ese hecho- pueda llegar a constituir una nueva injuria, tema que ni siquiera esta planteado -al menos en forma clara- en estos términos.

Al margen de que independientemente de ello, la supuesta y eventual injuria no surge ni del título con que se encabeza la publicación, ni de la remisión a una página equivocada, ni de la circunstancia de que se hubo de publicar el día posterior al vencimiento del término ordenado.

En lo que hace a la influencia que dicha circunstancia tiene sobre el importe de condena, ello se ve a continuación.

II. Resarcimiento.

Reclama la demandante la indemnización del agravio moral en los términos del art. 1089 del CC, y vincula los hechos a la conducta antecedente de los accionados.

Como se viera en el punto I. Responsabilidad, no puede calificarse como dolosa la conducta de la demandada.

No se advierte la existencia de una persecución sobre la persona del actor, ni la continuidad de una actitud originada en los hechos tratados en la causa precedente, y los hechos que se invocan en esta causa no constituyen injurias sino propalación de hechos verificados, salvo uno solo de ellos, el relativo a las supuestas declaraciones de Brown.

Eso sólo no permite calificar de malicioso al accionar de la demandada, aunque sí negligente (art. 512 del CC), por lo que no puede aceptarse que esta circunstancia agrave su situación, y por ende justifique un aumento de la condena, como requiere el demandante.

Sin perjuicio de ello, la injuria existió y cabe concluir en que el actor ha sido agraviado.

Se ha dicho respecto al daño moral que este rubro "...tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre y que son la paz, la integridad física, el honor y los más caros afectos,..." (Excma. Cám. Dtal., Causas Nros. 88.857, 93.019, 94.362, 102.329).

Teniendo en cuenta las constancias de esta causa, y lo normado por el art. 165 del CPC, considero que el rubro debe proceder por la suma de pesos DIEZ MIL ( $ 10.000), lo que así se decide.

A dicha suma, por la que procede la demanda, se habrán de adicionar intereses, desde el día del hecho, el 20/6/99 fecha de la publicación periodística, (Excma. Cám. Dtal., Causas Nros. 70.353, 72.015, 85.686), y a la tasa que fija el Bco. de la Pcia. de Bs. As. para sus operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días vigente en cada período de aplicación (SCBA, Ac. Nro. 43.858 del 21/5/91).

III. La publicación de esta sentencia.

Reclama el actor la publicación de esta sentencia.

Se ha reconocido este derecho con fundamento en lo normado por los arts. 1071 bis, 1083 y concs. del CC; 114 del CP; jurisprudencia del más alto tribunal nacional (CSJN, fallo "Costa" del 12/3/87, ED 123-129), y doctrina (Pizarro, R.D., ob cit., págs. 507 y sgts.; Belluscio-Zanoni, Códs..., Ed. Astrea, 1990, T. 5, pág. 253).

Por lo que procede la demanda en este aspecto, debiendo publicarse la sentencia en su integridad en el medio periodístico de la demanda, dentro de los diez días de quedar firme la presente y, al menos en inicio, en el mismo lugar, página y tipo con que fue publicada la nota que se califica como injuriante.

Por ello, y lo normado por los arts. 163 y concs. del CPC, F A L L O : 1) Haciendo lugar a la demanda de resarcimiento de daños y perjuicios promovida por MIGUEL GUTIERREZ GUIDO SPANO contra EDITORIAL "LA CAPITAL" SA y FLORENCIO ALDREY, y condenando a estos ltimos al pago de la suma de pesos DIEZ MIL ( $ 10.000.-), con más los intereses previstos en los considerandos y dentro del plazo de diez días de quedar firme la presente. 2) Ordenando que dentro del mismo término se publique la sentencia en su integridad en el medio periodístico de la demandada, y al menos en inicio, en el mismo lugar, página y tipo con que fuera publicada la nota que se califica como injuriante. Con costas a los vencidos (art. 68 del CPC), difiriéndose la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta la oportunidad prevista en el art. 51 de la ley 8904. REGISTRESE. NOTIFIQUESE.-

 

 

ALBERTO VIDAL

Juez Civil y Comercial

 

 

 

 

 

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