viernes, 30 de mayo de 2014

TRABAJO PRACTICO SOBRE OFRECIMIENTO DE PRUEBA

Se proporciona el texto de una demanda relativa a un juicio de simulación y reducción, que por tramitar bajo la forma de juicio ordinario, adolece del ofrecimiento de los medios probatorios.-

Se propone la lectura de dicho escrito y sobre la base de los hechos alegados - cuya total negativa por los demandados se ha producido en ocasión de darle replica - concretar el ofrecimiento de los medios de prueba que sean pertinentes para la demostración de los que sean conducentes.-

SUMARIO.-

ACTOR: MARTINEZ, Eduardo Américo.-

DEMANDADO: MARTINEZ, Marcela y otros.-

DOCUMENTACION ACOMPAÑADA: copias simples de poder general para juicios.-

                                                                       * * *

PROMUEVE DEMANDA DE SIMULACION Y REDUCCION – SOLICITA CITACION DE TERCERO OBLIGADO.-

Señor Juez:

                  Manuel DORREGO, abogado inscripto al tomo VI, folio 145 de la matrícula del C.A.M.D.P., constituyendo el domicilio legal en calle Brown 3069 de esta ciudad, por la parte actora, a V.S. respetuosamente me presento y  digo:

            I.-PERSONERIA.-

 Soy apoderado de Eduardo Américo MARTINEZ, argentino, con domicilio real sito en Vía Largo Santa Fara n ° 93017, Caltanissetta, ITALIA. Acredito el mandato con copias simples de poder general para juicios que anejo el cual, declaro bajo juramento,  se encuentra vigencia y es fiel a su matriz (art. 47 del CPCC).-

II.-OBJETO.-

En cumplimiento del mandato invocado promuevo demanda nulidad de acto jurídico por vicio de simulación, dirigida a o obtener la declaración de nulidad de los siguientes actos jurídicos: 1) Del boleto de compraventa fechado 6 de septiembre de 2010 presuntamente celebrado entre doña Yolanda PISCIOTTA y las aquí demandadas, Marcela MARTINEZ y Laura MARTINEZ, relativo al inmueble de propiedad de la primera sito en calle Mitre n ° 3020 piso 2 ° “C” de Mar del Plata, 2) Del mandato especial irrevocable conferido por doña Yolanda PISCIOTTA a favor de las aquí demandada Marcela MARTINEZ y Laura MARTINEZ mediante Escritura Pública n ° 280 de fecha 14 de septiembre de 2010 pasada por ante el Escribano Sergio Levin; 3) De la escritura pública n ° 172 de fecha 7 de junio de 2012 pasada por ante el notario Sergio Levin, otorgada por las aquí demandadas Marcela y Laura Martínez, actuando por si y además en nombre y representación de doña Yolanda PISCIOTTA, en cuya virtud se transfirieron para si en calidad de supuesta venta, el inmueble de propiedad de Yolanda PISCIOTTA sito en calle Mitre n ° 3020 piso 2 ° “C” de Mar del Plata.-

A dicha acción principal acumulo la de reducción prevista en el artículo 3601 del Código Civil, en la medida que los actos jurídicos cuya anulación por simulación se demanda, habrían sido celebrados con el exclusivo propósito de violar la porción legítima de la herencia que a mi mandante le correspondía recibir en su carácter de universal y único heredero de doña Yolanda PISCIOTTA.-

La demanda entablada se dirige contra: 1) Marcela MARTINEZ, argentina, DNI 34.552.414, hija de Raúl Alberto MARTINEZ y Adriana Elena MORRONE, con domicilio en calle … de esta ciudad; 2) Laura MARTINEZ, argentina, DNI 32.791.989, hija de Raúl Alberto MARTINEZ y Adriana Elena MORRONE, con domicilio en calle … de esta ciudad; 3) Sergio Levin, argentino, notario, 11.350.404, con domicilio sito en calle … de esta ciudad.-

En la sentencia que V.S. dicte se deberá declarar la nulidad de los actos jurídicos impugnados y la restitución de los mismos a la masa hereditaria del proceso sucesorio de doña Yolanda PISCIOTTA (art. 1050 del C.C.). Adicionalmente, se deberá condenar a los demandados a abonar los frutos civiles obtenidos de mala fe y que se devenguen desde la notificación de la demanda y hasta la efectiva restitución (arts. 1052 y 1053 del C.C.), con más sus intereses legales y hasta el efectivo pago (art. 509 del C.C.). Las sumas a restituir por tales conceptos habrán de determinarse durante la etapa de ejecución de sentencia (arts. 165  y 514 del CPCC).-

Pido costas (art. 68 del CPCC).-

III.-COMPETENCIA POR CONEXIÓN – MEDIACION CONCLUIDA SIN ACUERDO.-

V.S. resulta competente para intervenir en este juicio por conexidad con el Expediente n ° 1762/2013 caratulado “MARTINEZ, Eduardo Américo s/ DILIGENCIAS PRELIMINARES” y con el Expediente n º 18.163/2012  caratulado “PISCIOTTA, Yolanda s/ SUCESION AB INTESTATO”, ambos de de trámite ante el Juzgado de 1 ° Instancia en lo Civil y Comercial n ° 9 de este Departamento Judicial (art. 6 inc. 4 º del CPCC).-

Asimismo V.S. resultó sorteado para intervenir en el trámite de la homologación del eventual acuerdo al que se arribara en el marco del requerimiento de mediación que con carácter previo esta parte solicitada con arreglo a las previsiones de la Ley 13.951.-

Conforme lo justifico con el acta de cierre adjunta, con fecha 19/3/2013 la mediadora Ana Belén MOTTO dio por cerrada la mediación sin acuerdo entre las partes, lo que ha dejado expedita la vía judicial.-

IV.-CUESTIONES FACTICAS.-

Los hechos del caso son, expuestos en relación sinóptica, los siguientes:

Conforme resulta de lo actuado en Expediente n ° 18.163/2012 caratulado “PISCIOTTA, Yolanda s/ SUCESION AB INTESTATO”, de trámite ante este Juzgado y Secretaría, mi mandante, don Eduardo Américo MARTINEZ, resulta ser universal y único heredero aceptante de la herencia de quien en vida fuera su madre, doña Yolanda PISCIOTTA, fallecida en Mar del Plata el día 11 de enero de 2012.-

La causante había sido, hasta su fallecimiento, titular de dominio de un único inmueble tipo departamento, sito en el edificio de propiedad horizontal ubicado en calle Mitre n ° 3020 2 ° “C” de esta ciudad, designado según el plano PH 45-126-70 como UNIDAD FUNCIONAL 10, integrada por el polígono 02-02 (NOMENCLATURA CATASTRAL: Circunscripción VI, Sección D, Manzana 289-a, Parcela 1, Subparcela 10, Matrícula 8760 de General Pueyrredón), donde residió de manera permanente hasta su muerte.-

Yolanda PISCIOTTA era además viuda de sus primeras nupcias con don Román Américo MARTINEZ, de cuya unión matrimonial habían nacido sus dos hijos: Eduardo Américo MARTINEZ y Raúl Alberto MARTINEZ.-

Luego de la noticia del fallecimiento de su madre y dado que mi mandante hace ya más de 10 años que reside en Italia, se comunicó telefónicamente con su hermano Raúl Alberto MARTINEZ a fin de acordar los detalles de la apertura de la sucesión de su madre y el posterior destino del los bienes dejados por ésta.-

En dicha ocasión su hermano le dice que antes de fallecer había sido la voluntad de su madre dejarle el departamento exclusivamente a él, expresión que llenó a mi mandante de perplejidad en razón a que sabía que su madre nunca hubiera hecho una disposición de tal naturaleza.-

Fue así que me encomendó la apertura de su sucesión “ab intestato”, a cuyo fin solicité y obtuve un informe de dominio que fue despachado con fecha 24/4/2012 por el Registro de la Propiedad Inmueble del que resulta que a esa fecha la causante proseguía siendo la  titular de dominio del inmueble denunciado.-

No obstante, a raíz de temor fundado que en mi mandante había suscitado el comentario hecho por su hermano y la posibilidad de que mediante la utilización de algún poder se operara la sustracción del único bien del patrimonio relicto, fue que en el aludido proceso sucesorio se solicitó la traba de una medida cautelar tendiente a asegurar la integridad del mismo.-

Es así que la medida de “anotación de litis” fue decretada con fecha 26/9/2012 pero, al procurarse la inscripción de la misma ante el Registro de la Propiedad Inmueble, el oficio fue rechazado en razón a que se había operado una modificación en la titularidad.-

Ello motivó que con fecha 13/12/2012 solicitara un nuevo informe al Registro de la Propiedad Inmueble acerca del estado dominio del citado inmueble, del que luego resultó que con fecha 7 de junio de 2012, es decir, casi seis meses después de haber fallecido, doña Yolanda PISCIOTTA había supuestamente vendido su departamento a favor de sus nietas Marcela MARTINEZ y Laura MARTINEZ.-

Esta novedad incrementó fuertemente las sospechas acerca de la existencia de una maniobra prolijamente urdida por los aquí demandados para, mediante el expediente de simular una compraventa espuria, encubrir una liberalidad en perjuicio de la porción legítima de la herencia de la que era titular mi mandante.-

Es así que con fecha 5/02/2013 se promovió un pedido de diligencias preliminares con el objeto de solicitar la exhibición de los actos jurídicos mediante los cuales se había operado la transmisión aludida.-

La medida solicitada fue despachada favorablemente en el Expediente n ° 1762/2013 caratulado “MARTINEZ, Eduardo Américo s/ DILIGENCIAS PRELIMINARES”, en el que a fs. 28/34 el notario Sergio Levin cumplió en agregar copia de los siguientes instrumentos:

1°.- Un boleto de compraventa fechado 6/09/2010 en cuya virtud doña Yolanda PISCIOTTA presuntamente se obligó a venderle a sus nietas Marcela MARTINEZ y Laura MARTINEZ, hijas ambas de Raúl Alberto MARTINEZ (hermano de mi mandante) el departamento de su propiedad sito en calle Mitre n ° 3020 piso 2 ° “C” de esta ciudad, por un precio módico de $ 120.000 (Pesos ciento veinte mil) que de acuerdo a la cláusula segunda “la compradora abona en este acto en efectivo y a entera satisfacción de la vendedora, quien por este instrumento confiere suficiente y eficaz recibo de pago total”. Asimismo, por la cláusula cuarta se estipula que a los efectos del otorgamiento de la escritura traslativa del dominio y en razón a que la vendedora ya había percibido la totalidad del precio, le conferiría a la parte compradora un poder especial irrevocable que se instrumentará a través del notario Sergio Levin.-

Dato cuanto menos altamente sugestivo, sobre el que volveré, es que la firma supuestamente puesta al pie del boleto como perteneciente al puño y letra de doña Yolanda PISCIOTTA difiere de manera ostensible y notoria en cotejo con su firma auténtica puesta en otros instrumentos firmados por ésta con anterioridad (v. gr. Acta de matrimonio obrante a fs. 15 del juicio sucesorio) y posterioridad (v. gr., poder especial irrevocable obrante a fs. 28/29 de la diligencia preliminar).-

2°.- Una escritura n °280 de fecha 14/9/2010 pasada por ante el notario Sergio Levin, en cuya virtud doña Yolanda PISCIOTTA le confirió poder especial irrevocable a favor de Marcela MARTINEZ y Laura MARTINEZ, para que actuando en su nombre y representación y a título de venta puedan transferirse a si mismas el inmueble de su propiedad en ella individualizado y que declaró haberles vendido, o a favor de quien resulte cesionario de sus derechos (Raúl Alberto MARTINEZ acaso?).-

3°.- Una escritura n ° 172 de fecha 7/6/2012 pasada por ante el notario Sergio Levin en virtud de la cual las aquí demandadas, Marcela MARTINEZ y Laura MARTINEZ, hijas ambas de Raúl Alberto MARTINEZ (hermano de mi mandante) actuando por si y además en nombre y representación de doña Yolanda PISCIOTTA en ejercicio del poder especial irrevocable que ésta les había conferido, se transfirieron a si mismas y a título de venta el inmueble del que ésta última había sido propietaria hasta su fallecimiento.-

La escritura antes aludida refiere, en el apartado VII, que la vendedora había hecho uso de la “opción de reemplazo de vivienda única establecida por el artículo 14 de la Ley 23.905”, lo que obviamente jamás ocurrió puesto que Yolanda PISCIOTTA siguió viviendo en su departamento hasta último momento y no compró ninguna otra propiedad.-

Examinados detenidamente todos estos actos jurídicos se ha arribado a la conclusión, ya sin hesitación alguna, que se trata de actos jurídicos nulos en tanto todos ellos adolecen del vicio de simulación ilícita, pues, a través de ellos, las partes otorgantes procuraron ocultar, en la mejor hipótesis, una liberalidad de doña Yolanda PISCIOTTA en beneficio de dos de sus nietas, a la postre hijas de uno de sus hijos (Raúl Alberto MARTINEZ), en claro exceso de la porción disponible de la herencia y en el consecuente perjuicio de la porción legítima que le correspondía a su otro hijo, Eduardo Américo MARTINEZ.-

Y destaco que esta lectura lo es “en la mejor hipótesis”, puesto que de probarse, como creemos que se probará, que la firma puesta al pie del supuesto boleto de compraventa de fecha 6/9/2010 no pertenece al puño y letra ejecutor de doña Yolanda PISCIOTTA, en tal caso el acto en cuestión sería lisa y llanamente inexistente y no podría subsistir, siquiera, como eventual donación de la parte disponible.-

Yolanda PISCIOTTA firmaba escribiendo en letra perfectamente legible su nombre completo. Tal es lo que surge, como dije, del acta de matrimonio obrante a fs. 15 de su juicio sucesorio y a fs.29 de la diligencia preliminar, ocasión en la que refrendó con su firma puesta en presencia del notario, el poder conferido a favor de sus nietas.-

La firma puesta al pie del boleto y que se le atribuye a Yolanda PISCIOTTA, solo posee la letra inicial del nombre de pila y la continuidad del trazo aparece como “inseguro”, a diferencia de las características del trazo que presentan las firmas auténticas ya referidas.-

De cualquier manera, hay otros fundamentos para poner en tela de juicio la sinceridad de los actos jurídicos aparentes, para señalar e incluso presumir, en definitiva, que se trata de actos jurídicos mediante los cuales sus otorgantes solo procuraron encubrir el carácter genuino de un acto (donación) bajo la apariencia de otro (venta) y ello con la obvia finalidad ilícita de eludir las disposiciones relativas a la prohibición de disponer sobre la porción legítima de la herencia en perjuicio de un heredero legitimario.-

El precedente fracaso de la instancia de mediación previa ya recorrida por esta parte, en la que los requeridos rápidamente exteriorizaron su voluntad de darla por concluida sin siquiera considerar las fuertes razones que esta parte tiene para impugnar los actos jurídicos cuestionados, dejan expedita la vía judicial para plantear y obtener la nulidad de tales actos jurídicos y, develado su carácter de liberalidad, reducir los alcances de la misma en la medida que excedieran de la porción legítima de la herencia.-

Estos son los hechos del caso.-

V.-FUNDAMENTOS LEGALES.-

La acción entablada encuentra suficiente basamento legal en lo dispuesto por los artículos 21, 953, 955, 958, 959, 1044, 1050, 1051, 3591, 3593, 3600, 3604 y concordantes del Código Civil.-

Normalmente – y este no es la excepción – el acto simulado es un acto jurídico otorgado con la finalidad de violar la Ley o perjudicar a terceros.-

De allí que todo “tercero” ajeno al acto y que resulta actual o potencialmente perjudicado por el mismo, tiene legitimación para demandar su nulidad (Lloveras de Resk, María Emilia; “La acción de simulación ejercida por terceros”, Rev. L.L. 1982-A-142; Cifuentes, Santos, Negocio Jurídico, pág. 532, Astrea).-

Si bien es cierto que, como regla, la simulación no se presume sino que debe ser acreditada, la carga de la prueba, cuando es un tercero quien acciona, se ve alivianada por el juego de las presunciones legales o de hecho que la jurisprudencia ha ido señalando (Medina, Graciela y Flores, Pablo S., “La prueba de simulación”, Revista de derecho privado y comunitario, vol. 2006-1, pág.- 135, Rubinzal Culzoni).-

Entres las presunciones de carácter legal cabe citar la contenida en el artículo 3604 del Código Civil según la cual “si el testador ha entregado por contrato, en plena propiedad, algunos bienes a uno de los herederos forzosos, cuando sea con cargo de una renta vitalicia o con reserva de usufructo, el valor de los bienes será imputado sobre la porción disponible del testador y el excedente será traído a la masa de la sucesión”.-

En la nota al pie el Codificador, tras citar la fuente (art. 918 del Código Francés), anota que “muchos padres con el fin de eludir las leyes fingen para preferir a un hijo, contratos onerosos que no son sino donaciones disfrazadas. La Ley debe suponer que estos contratos son simulados. Esta presunción es contra la cual no se admite prueba”.-

En este caso, aun cuando la supuesta “venta” se concretó por la causante no a favor de uno de sus herederos forzosos sino a favor de dos sus nietas (las hijas de Raúl Alberto MARTINEZ), ello no hace desaparecer la fuerte presunción que pesa sobre el acto en razón al estrecho vínculo de parentesco entre vendedor y compradoras (Cifuentes, Santos, Negocio Jurídico, pág. 534, Astrea; CNCiv., Sala A, J.A. 1952-I-527; E.D. 31-107, entre muchos otros).-

Tal presunción de facto es la que recoge, por ejemplo, el artículo 3741 del Código Civil, en cuya nota el codificador también se explaya sobre las razones que abonan esta presunción pues “las afecciones que unen a los ascendientes con los descendientes, al esposo con la esposa, hacen que sus intereses sean comunes” (sic).-

A ello se suma otros fuertes indicios que no hacen sino robustecer de manera rotunda la presunción de simulación, a saber:

a)      El precio vil supuestamente abonado: en el boleto acompañado por el notario demandado se consigna que el precio convenido fue de $ 120.000 cuando, según se demostrará, a la fecha del acto un departamento de igual ubicación y características tenía un valor no inferior a u$s 100.000, es decir, varias veces superior al consignado en el boleto.-

b)     Forma de pago: en el boleto de señala que el precio fue íntegramente abonado en dinero efectivo y en ese acto, lo que constituye una infracción a la Ley 25.345 lo que conlleva a que tal declaración resulte “inoponible” a terceros y a que el pago deba juzgarse “inexistente”.-

c)      Carencia de recursos de las presuntas compradoras: las presuntas compradoras carecían razonablemente de recursos económicos propios para procurarse una suma que le permite abonar el “precio” razonable de la propiedad (Cifuentes, Santos, op. Cit., pág. 534,  nota 126).

d)     Inejecución del acto: la supuesta “vendedora” siguió viviendo en la propiedad hasta su fallecimiento mientras que las “supuestas compradoras” nunca habitaron la propiedad ni detentaron la “posesión”. Ello incluso surge del proceso sucesorio en el que se constató que el inmueble se encuentra alquilado.-

e)      Factor temporal: la forma elegida para operar la transmisión del dominio, diferida en el tiempo no solo para después de producido el fallecimiento de la vendedora, sino, incluso, para cuando el padre de las demandadas (Raúl Alberto MARTINEZ) ya tenía noticia fehaciente de la apertura del juicio sucesorio de su madre y de la realización de diligencias tendientes a asegurar la integridad del patrimonio relicto.-

La maniobra ha sido muy clara: los demandados, aprovechándose de la avanzada edad de quien en vida fuera doña Yolanda PISCIOTTA y mediante el recurso de hacerle firmar el instrumento de poder que luce agregado en la diligencia preliminar, aparentando de ese modo una compraventa que en realidad encubre una liberalidad en beneficio de dos sus nietas o, lo que es más probable aun, de uno de sus hijos (el padre de las supuestas compradoras), concretaron el objetivo de eludir las disposiciones de orden público llamadas a proteger la legítima de otro heredero forzoso.-

Pero como decía BUSSO (“Algunos aspectos de la protección de la legítima”, E.D., 12-815)  “la legítima debe contemplarse como un factor de estabilidad social” y de allí que haya sido reputada como una institución en cuya observancia se encuentra comprendido el orden público (Fornieles, Jorge, “La protección de la legítima en las sociedades acogidas al impuesto sustitutivo de la herencia”, E.D., 31-1040; Medina, Graciela, “El fraude a la legítima hereditaria a través de la constitución de sociedades”, Rev.J.A., 1983-I-700).-

De allí la existencia de disposiciones expresas llamadas a garantizar su intangibilidad (v. gr. Artículos 3598, 3599, 3601, etc., del C.C.) o enderezadas a su protección y restablecimiento.-

Bajo las circunstancias del caso se impone, al heredero legitimario afectado, demandar en primer término la nulidad del acto aparente en tanto adolece de una simulación ilícita y acumular con ello la demanda de reducción de la liberalidad subsistente que aquél está llamado a encubrir, en la medida del exceso de la porción disponible de la herencia (Maffía, Osvaldo, Manual de derecho sucesorio, vol. II, pág. 145, Depalma).-

Ello, claro está, siempre que se invocara y acreditara por sus beneficiarios la auténtica voluntad de donar en la causante, lo que desde luego no ocurriría si se probara que la firma que se le atribuye en el boleto de compraventa fuera materialmente falsa.-

En tal hipótesis el acto no subsistiría ni siquiera como una liberalidad sino que debería reputarse como inexistente (art. 1018 del C.C.) y la totalidad del inmueble volvería a ingresar a la masa hereditaria.-

Por todo lo expuesto hasta aquí es que la demanda deberá merecer acogida y en su mérito volver las cosas a su estado anterior, con costas a cargo de los demandados (art. 1050 del C.C.).-

VI.-LEGITIMACION PASIVA – LITISCONSORCIO NECESARIO – CITACION DE TERCERO OBLIGADO.-

Dado que en la acción de nulidad por simulación se suscita un litisconsorcio pasivo necesario (Cifuentes, Santos, Negocio Jurídico, pág. 516, Astrea; CNCiv., Sala C, E.D. 53-393), a consecuencia de lo cual deben ser demandados e intervenir como partes “todos los sujetos del negocio simulado”, la demanda, en el caso, ha sido válidamente entablada con quienes en él aparecen como parte compradora y, también, con el  notario autorizante de los actos notariales involucrados en la maniobra.-

Así lo ha resuelto la jurisprudencia:

La acción de simulación ejercida por terceros requiere, en principio, demandar a todos los partícipes del acto simulado. En efecto, la acción de simulación exige la integración de un litisconsorcio pasivo necesario, dado que la sentencia no puede pronunciarse útilmente sin una litis compuesta por todos los que participaron del acto impugnado. La concurrencia de voluntades en el acto simulado, su carácter convencional, impone al tercero que lo impugna la necesidad de dirigir la acción contra todos aquellos que concurrieron a celebrarlo, pues todos y cada uno están o pueden estar interesados en defender la sinceridad y validez del acto.-

CC0001 LZ 66689 RSD-30-9 S 17-3-2009, CARATULA: De Bary Arnoldo Gustavo c/ Demarco Mónica Mabel s/ Simulación MAG. VOTANTES: Basile-Tabernero (Juba, sumario B2551347).-

A la fecha de la interposición de la presente demanda el hermano de mi mandante, Raúl Alberto MARTINEZ, no obstante haber sido debidamente citado y notificado para el cometido de presentarse a acreditar su calidad de heredero en el sucesorio de doña Yolanda PISCIOTTA, no había cumplido con dicha carga por lo que la declaratoria de herederos habrá de dictarse con los presentes y en base a las constancias de autos.-

No obstante y puesto que se trata de un heredero forzoso que, como tal, entró en posesión de la herencia desde el día del fallecimiento de la causante sin necesidad de declaración judicial (art. 3410 del C.C.) , para el caso de invocar y acreditar con posterioridad su calidad de tal y solicitar una ampliación de la declaratoria es que se lo deberá citar en este juicio como tercero obligado (art. 94 del C.P.C.C.) a efecto que se presente a hacer valer sus derechos.-

Ello en la medida que los actos jurídicos que mediante esta demanda se reputan nulos y lo que aquí se resuelva en definitiva sobre el particular podría también afectar eventualmente su porción legítima de la herencia (art. 3601 del C.C.) y de allí su carácter de litisconsorte necesario.-

En virtud de lo expuesto es que corresponde, lo que así solicito, que en su hora se disponga la citación como tercero obligado del Sr. Raúl Alberto MARTINEZ, con domicilio en calle Avellaneda 1799 de Mar del Plata.-

VII.-OFRECE PRUEBA.-

Se ofrece la siguiente prueba:


VIII.-PETICION.-

Síntesis de peticiones:

1.-Se me tenga por presentado, parte y con el domicilio constituido.-

2.-De la demanda entablada, que habrá de tramitar bajo la forma de juicio sumario, se le confiera traslado a los demandados por el plazo de 10 días, bajo apercibimiento de rebeldía.-

3.-Se tenga presente la prueba ofrecida para su oportunidad.-

4.-Oportunamente se haga lugar a la demanda promovida, con costas.-

Proveer de conformidad, SERA JUSTICIA

lunes, 21 de abril de 2014

MODELO CONTESTACION DE DEMANDA (TODAS LAS COMISIONES)

Se publica el texto completo de un escrito de replica a la demanda con pedido de citación en garantía del asegurador, sobre la base del cual se deberá cumplimentar la consigna del segundo trabajo practico.-

CONTESTA DEMANDA – PIDE CITACION EN GARANTIA.-

Señor Juez:

Fernando Javier LUQUE, abogado inscripto al tomo IX, folio 87 de la matrícula del C.A.M.D.P., legajo provisional n ° 67087/0, CUIT 20-22313990/2, monotributista, constituyendo el domicilio procesal en la calle Brown 3069 de la ciudad de Mar del Plata, por la demandada, en los autos caratulados “DIVICENZO, Juan Marcelo vs. DELL ARCIPRETE, Alejandro y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS” a V.S. respetuosamente digo:

         I.-PERSONERIA.-

Actúo, por razones de urgencia, en calidad de gestor procesal del demandado Alejandro Néstor DELL ARCIPRETE, con domicilio real sito en calle Vértiz 8076 de esta ciudad (art. 48 del CPCC).-

II.-OBJETO.-

En el aludido carácter le doy responde, en debido tiempo y forma, a la demanda indemnizatoria promovida contra mi mandante y mediante la cual se procura hacer efectiva, a su respecto, al responsabilidad civil emergente con motivo del accidente de tránsito acaecido el día 17/10/2009 (art. 338, 354 y 484 CPCC).-

III.- CONTESTA DEMANDA.-

Acerca del emplazamiento fáctico propuesto por el actor, por expresa carga procesal (art. 354 inc. 1 ª del CPCC) desconozco y niego todos aquellos hechos y documentos que no sean objeto de un particular reconocimiento.-

Si bien se reconoce que el día 17/10/2009 ocurrió un accidente de tránsito en la intersección de las calles Italia y Gascón de esta ciudad, en el cual tuvo participación (por completo pasiva, se verá) el vehículo habilitado como remise, marca Chevrolet Corsa 1.6 GL domino FYC 839, se niegan todas las demás afirmaciones hechas en relación a su modo de ocurrencia, mecánica, participación de los vehículos etc.-

No es cierto que el aludido vehículo automotor haya provocado el accidente o que haya sido el causante de los daños cuya reparación aquí se reclama.-

La realidad es que dicho vehículo tuvo una participación por completo pasiva, al ser mero receptor del impacto promovido por la motocicleta sin control en la que se desplazaba el demandante.-

No es cierto que el vehículo conducido por mi mandante efectuara una abrupta detención o que girara bruscamente hacia la derecha.-

No es cierto que encerrara a la motocicleta ocasionando el choque entre ambos vehículos.-

No es cierto que dicha supuesta maniobra haya provocado la caída del actor sobre el pavimento.-

No es cierto que mi mandante haya realizado una maniobra imprudente.-

No es cierto que sea el responsable del siniestro.-

No es cierto que el actor haya sufrido lesiones.-

No es cierto que las mismas tuvieran la magnitud y gravedad descriptas en la demanda.-

No es cierto – no le consta a mi mandante – que el actor tuviera la actividad laboral que refiere.-

No es cierto – no le consta a mi mandante – los ingresos que el actor dice que tenía antes del accidente.-

No es cierto que  haya tenido que incurrir en gastos médicos de curación.-

No es cierto que  haya tenido que afrontar gastos por medicamentos.-

Niego que haya sufrido lucro cesante, daño moral y/o psicológico.-

En cuanto a la documentación acompañada, se desconoce expresamente la misma en un todo por no constarle a mi representada.-

IV.-EL HECHO ILICITO – ATRIBUCION DE RESPONSABILIDAD – CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA.-

Para embarcarse en esta auténtica aventura judicial y tener alguna “chance” de éxito en su desviado propósito de hacerse de unos pesos, el actor se ver forzado a incurrir en una auténtica falsificación de los hechos.-

En efecto, del propio relato que efectúa el demandante en la demanda, se desprenden con claridad algunas circunstancias de hecho que me parecen relevantes en grado superlativo:

1.- El actor reconoce su calidad de embistente.-

2.- Inventa una inexistente detención abrupta del vehículo automotor conducido por mi mandante, que le precedía en la marcha.-

3.- Imagina una inexistente maniobra de giro a la derecha del automotor que, según sus dichos, habría sido la causa del embestimiento.-

Corolario: dice haberse precipitado sobre el asfalto y sufrido lesiones.-

La realidad de lo acontecido:

El vehículo conducido por mi mandante, que circulaba por la calle Italia de esta ciudad, desde Avenida Colón hacia Avenida Juan B. Justo, apenas termina de transponer la calle Gascón se ve obligado a aminorar levemente la marcha para permitir el cruce de un peatón, momento en el cual recibe un impacto producido en la parte trasera del vehículo, el cual luego pudo comprobar que había sido producido por una motocicleta a la postre conducida por el actor, que, producto del leve golpe, cayó sobre el pavimento sin sufrir ningún tipo de lesión como es que, luego del intercambio de algunos datos de contacto, se marchó por sus propios medios.-

En este contexto fáctico, ninguna relevancia causalmente activa tuvo la conducta de mi representado.-

En efecto, si se probara que, como se afirma en la demanda, el actor hubo de padecer algún detrimento en su integridad física, es obvio que el único y exclusivo causante de las mismas fue el propio damnificado.-

Ora porque no guardaba la debida y prudente distancia del vehículo que él mismo dice que le precedía, ora porque no estaba atento a las contingencias del tránsito, ora porque en algún momento perdió el control de la motocicleta e impactó contra dicho vehículo.-

En cualquier hipótesis, es claro que se verifica la hipótesis de conducta prevista en el artículo 1111 del Código Civil, con entidad suficiente para interrumpir el nexo de causalidad y eximir a mi mandante de toda responsabilidad en el evento (art. 1113 del CPCC).-

Desde el punto de vista de la causalidad adecuada – que de eso se trata – es evidente que ninguna responsabilidad se les puede imputar ni al conductor del automotor, ni al titular de dominio.-

Como explica la doctrina, magüer la terminología de la eximente prevista en la parte final del artículo 1113 del Código Civil, al aludir a la “culpa de la víctima”, no se trata aquí de ponderar culpas sino “autorías materiales”, y si el daño tuvo su origen en el hecho de la víctima, aunque sea involuntario, no puede condenarse a la reparación a otra persona, porque está ausente precisamente la autoría, elemento que a la vez excluye el nexo causal (Castro Durán, Ricardo Manuel, “El hecho o culpa de la víctima como eximente…”, Revista de derecho de daños, vol. 2006-2, pág. 209, Rubinzal Culzoni).-

Hay, por otra parte, una circunstancia fáctica que cuando menos resulta determinante para concluir en que el conductor de la motocicleta ha agravado – por las propias características e impronta del vehículo en el cual se desplazaba – las consecuencias dañosas que dice haber sufrido; consecuencias que, de circular en un automotor hubieran sido sin duda mucho menos graves y que, inclusive, si hubiera portado casco de seguridad, también hubieran sido de ninguna entidad.-

Las estadísticas hablan por si mismas.-

En los últimos años se han agravado en grado superlativo los accidentes en los que tienen intervención las motos y la gravedad de las consecuencias para las personas es todavía mayor cuando, como ocurre en la enorme mayoría de los casos, los motociclistas no utilizan el casco de seguridad.-

Lo cierto es que los ocupantes de una motocicleta (conductor y/o acompañante), siempre están mucho más expuestos a sufrir, en caso de accidente en la vía pública, daños de mayor entidad que si lo hicieran en un automotor en el que los pasajeros siempre tienen la posibilidad de ir más protegidos por la propia estructura del vehículo, protección que en el caso de las motos está ausente por completo.-

De este modo, las motos se erigen en un medio de transporte que agrava de modo superlativo las posibilidades y las consecuencias de los accidentes.-

El tal agravamiento – de las consecuencias por lo menos – el otro protagonista del accidente no tiene ninguna responsabilidad y es por tal motivo que la mayor incidencia causal a nivel de las consecuencias deben ser exclusivamente soportadas por los motociclistas.-

Esta ponencia, que no pretende ser original, cuenta además con prestigioso respaldo en la doctrina (ver Guersi, Carlos y colaboradores, Accidentes de tránsito, parte segunda, pág. 129 y siguientes, Editorial Universidad).-

Señala el autor citado que “tratándose de una moto, las consecuencias son impredecibles, puesto que merced al equilibrio precario, más la velocidad, más la aceleración que poseen estos elementos, es casi seguro que el ocupante de la moto se va a caer (…) Ello se agrava porque, al no tener medidas de seguridad pasiva, el conductor va a ser el único paragolpes, y va a embestir todos aquellos elementos que se le crucen a su paso durante su caída (…) Ello implica que la moto tiene una evidente y trascendente participación causal en la producción del accidente y en el agravamiento de las consecuencias dañosas”.-

De allí que, ora por la participación causal que la motocicleta tuvo en el hecho, ora por la gravitación que tuvo en la agravación de las consecuencias sufridas por su conductor, la eventual responsabilidad del demandado deberá ser disminuida en la misma proporción que le corresponda atribuirle a aquél a título de “hecho de la víctima” (art. 1113 del Código Civil).-

V.-IMPUGNA INDEMNIZACION PRETENDIDA.-

A todo evento, impugno por irrazonable y desproporcionada la indemnización cuyo pago se solicita.-

Como premisa central no puede perderse de vista que la carga de la prueba del daño recae sobre quien lo alega haber sufrido (art. 375 del CPCC), por lo que será el actor quien deberá probar la existencia de los perjuicios alegados así como su entidad.-

Y para el cometido de esa faena deberá recordarse que, como se tiene dicho, “el daño resarcible debe ser cierto, no un daño meramente hipotético y eventual, o producto de una imaginación ingeniosa fundada en simples conjeturas, por si mismas insuficientes para llevar al ánimo del juzgador la convicción de la existencia de un daño indemnizable” (CCCRío Cuarto, 30/12/92, Rev. J.A., 1994-IV-Síntesis).-

En definitiva, para que la indemnización resulte viable, es de fundamental importancia probar en forma directa y propia la existencia del daño y su cuantía, pues si dicha prueba no se produce, no se tendrá conocimiento concreto del objeto de la reparación, cuya existencia se determina por el perjuicio sufrido (CNCom., Sala C, Rev. L.L., 1989-C-620, n ° 6124).-

Por no constarle, mi representado niega en forma expresa tanto la existencia como la eventual magnitud de los daños cuya reparación se reclama.-

Repasemos:

1.- Daño a la integridad física: Se desconoce y niega que el actor haya sufrido, por causa de este accidente, las lesiones que refiere en la demanda.-

De todos modos, aun de probarse las mismas, es evidente que se habría tratado, apenas, de un golpe leve y algún moretón sin consecuencias incapacitantes de ningún tipo.-

Y ello más allá de ciertos estereotipos médicos a los que se apela en el escrito en responde, en los que se refiere una serie de lesiones, que, si se examina la documentación acompañada, se advierte que no tienen ninguna entidad verdadera.-

2.- Gastos terapéuticos: por tal razón, es que la atención médica que dice haber recibido no pudo haber tenido, ni por asomo, el costo que denuncia.-

De hecho, apenas justifica el pago de una consulta médica ($ 60), podríamos imaginar alguna radiografía de control ($ 150) y poco más que eso.-

De ahí a pretender el pago de $ 3.500 por gastos médicos hay una notable demostración del puro afán por beneficiarse con el pago de una indemnización que ningún parangón tiene con la realidad.-

3.-Lucro cesante: Niego actividad laboral invocada así como supuestos ingresos que el demandante habría dejado de percibir por ello.-

No puede ser cierto que el actor haya tenido que guardar un mes de inactividad laboral, cuando el propio certificado que adjunta indica 10 días de reposo.-

Las verdades no están aun comprobadas pero las mentiras son evidentes.-

4.- Daño moral: mi representado niega que el actor haya sufrido menoscabo espiritual alguno. También se niegan las repercusiones anímicas a las que se hace alusión en la demanda y que se atribuyen como producto del accidente, las que, de probarse que existieron, nunca podrían dar lugar a una reparación como la que se impetra.-

Por tales fundamentos, se pide que de corresponderle alguna indemnización al actor, la misma se reducida a su justo límite (art. 165 CPCC).-

5.- Daño psicológico: También se desconoce y niega su procedencia así como la veracidad de los presupuestos de hecho que informan su reclamo.-

VI.-PRUEBA.-

Se ofrece la siguiente:

1.-CONFESIONAL: del actor, a quien se citará oportunamente a absolverlas.-

2.-INSTRUMENTAL E INFORMATIVA: se librarán los siguientes oficios:

1.- A la AFIP, a efectos de que se informe si el actor Juan Marcelo DIVICENZO, DNI 34.313.731 figura inscripto o registrado como empleado bajo relación de dependencia. En su caso desde qué fecha, el nombre del empleador y en qué actividad.-

2.- A la firma  IVESS, para que informe si el actor Juan Marcelo DIVICENZO, DNI 34.313.731 trabaja bajo su relación de dependencia y, en su caso, si a partir del 17/10/2009 gozó de licencia por enfermedad o accidente, indicando, en caso afirmativo, por cuánto tiempo y si durante el mismo le fueron pagados sus haberes.-

5.-PERICIAL MEDICA EN LA ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA: se adhiere a la ofrecida por la actora exclusivamente en la especialidad médica y, dada la índole de las lesiones presuntamente sufridas por el actor, corresponde que el perito designado lo sea en la especialidad traumatología y no clínica médica como se propone en el escrito de inicio.-

Por tal razón esta parte aunque adhiere a dicha prueba, se opone a que la pericia sea realizada por una médico que no sea en la especialidad traumatología.-

De hecho, el propio actor refiere que recibió atención médica en “Traumatólogos Asociados”, por lo que mal puede peritarse las supuestas lesiones sino por médicos en dicha especialidad.-

6.-MANIFESTACION DE DESINTERES: con arreglo a lo dispuesto en el artículo 476 del CPCC, esta parte manifiesta su expreso desinterés en la producción de las restantes pruebas periciales ofrecidas por el actor.-

Por tanto, solicito que mi mandante sea exceptuado en su caso de responder por los gastos y honorarios de tales peritos (CS, Rev. L.L. 1988-D-154).-

VII.-OPONE LIMITACION DE ORDEN LEGAL.-

Mi mandante opone, para la hipótesis de prosperar la demanda y resultar condenado en costas, la limitación de orden legal contenida en el artículo 505 del Código Civil (t.o. Ley 24.432).-

Dicha norma dispone, en su parte pertinente, que “la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederá del 25 % del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo”.-

A su turno, la doctrina legal vigente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia ha considerado enteramente aplicable dicha disposición en el ámbito de esta jurisdicción (SC, Ac. L-77.914 del 2-10-2002, Berizonce y Logar, Doctrina actual de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Bs. As., pág. 78, Rubinzal Culzoni).-

VIII.-CITACION EN GARANTIA.-

El vehículo conducido por mi mandante contaba, a la fecha del accidente, con cobertura de seguro mediante póliza n º 2061344/2 emitida por LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA, con domicilio en calle Bartolomé Mitre n º 4068 de la Ciudad Autónoma de Bs. As.-

Pido en consecuencia que dicha aseguradora sea citada en garantía en los términos del artículo 118 de la Ley 17.418.-

IX.-PETICION.-

Síntesis de peticiones:

1.-Se me tenga por presentado, parte y con el domicilio legal constituido.-

2.-Por contestada, en debido tiempo y forma, la demanda promovida.-

3.-Oportunamente se rechace la demanda en responde, con costas.-

Proveer de conformidad, SERA JUSTICIA

martes, 15 de abril de 2014